Concluyó el juicio contra la policía Gimena Núñez, acusada de plantar pruebas y de intentar desviar la investigación por el crimen de Cintia Fernández, y la Sala IV del Tribunal de Juicio la condenó ayer a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación por 4 años, por falso testimonio, pero la absolvió por la duda de la acusación de encubrimiento agravado. La decisión no dejó conforme a la madre de la víctima, Ana Fernández, quien anunció que presentará un recurso de casación.

Las juezas Cecilia Flores Toranzos y Gabriela Romero Nayar y el juez Marcelo Rubio, consideró a Núñez autora material y penalmente responsable de falso testimonio en perjuicio de la administración pública, delito cometido al declarar como testigo en el juicio que se llevó a cabo en mayo de 2019 por el asesinato de Cintia Fernández, cometido en 2011, cuando la joven tenía 26 años de edad.

Tras la lectura del veredicto, Fernández le gritó al Tribunal: “corrupto, delincuente, cómplice de la impunidad”. También lo calificó como “tibio” y “cobarde”. “Veníamos viendo una animosidad, la falta de seriedad de la presidenta de este tribunal colegiado, Cecilia Flores Toranzos, que antes era fiscal y ahora es jueza, le falta muchísima experiencia, no es imparcial, mostró todo el tiempo la simpatía a la defensa (ejercida por el abogado Juan Casabella Dávalos), mucha risita (…) y festejaba los chistes de la defensa. (…). Ya lo veníamos viendo desde la semana pasada a esto y no nos hacía lugar a preguntas”, señaló.

Fernández consideró vulnerados los derechos y las garantías como víctima. “No busqué venganza, sino justicia, pero no vi jamás la imparcialidad ni la celeridad que ameritaba esta causa”, sostuvo. Dijo que seguirá luchando por justicia para su hija y por otras víctimas. Según su criterio, el Tribunal fue “cómplice corporativo con esta policía (Núñez) y con los policías corruptos, no digo que todos los policías lo sean”, manifestó. También consideró que al pasar por alto el delito de encubrimiento, el Tribunal actuó “influenciado”. “Siempre en estos juicios me doy cuenta cómo responden a los patrones de turno, por quién llegan”, sostuvo.

La acusada era la jefa de uno de los grupos investigativos que conformaban la Unidad de Seguridad Personal en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia, con competencia en la investigación de homicidios, e intervino el día del hallazgo del cuerpo de Cintia Fernández, el 3 mayo de 2011. El crimen fue cometido días previos, el 29 de abril, según indicó su mamá.

La fiscalía sostuvo que además de haber falseado la declaración en el juicio cuando fue citada como testigo, Núñez incurrió en omisiones en el informe que elaboró, incumplió diligencias investigativas básicas, realizó anotaciones con la intención de vincular a otra persona en el hecho, también intentó desprestigiar a la víctima y a su madre, así como desdibujar la responsabilidad del expolicía Mario Federico Condorí, quien fue condenado en 2019 a 23 años de prisión efectiva.

En declaraciones a Radio Nacional, Ana Fernández señaló que Núñez “no actuó sola, porque ella actúa por anuencia de alguien, que está muy por encima de ella también. Son la mano de obra barata, ejecutora de muchos, tanto de políticos como del mismo poder judicial”.

Consideró que Núñez trató de “proteger a sus pares” en la policía, pero también apuntó contra quienes estaban al mando de la fuerza durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, el ahora ex secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia, y el ex ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner. Recordó que el policía Condorí “era la mano derecha manejándole la camioneta a Saravia” y “cuando lo sacan de la Brigada pasa a una división tan sensible como la de Trata de Personas”. También hizo notar que en 2011 hubo muchos casos impunes y “todos estos personajes fueron comunes en las causas”.

En este juicio declaró como testigo el procurador de la provincia, Pedro García Castiella, quien antes de ser funcionario intervino como abogado querellante en el juicio de 2019 cuando se juzgó el crimen de Cintia. Sostuvo que Núñez había omitido en sus informes aclarar que tres meses antes del hecho había sido compañera laboral de Condorí en la misma División de Homicidios. Esta información se conoció recién en la audiencia de debate y motivó que el fiscal Ramiro Ramos Ossorio la acusara por falso testimonio.

García Castiella dijo que cuando se inició la investigación del crimen a cargo de Núñez no se relevaron testigos que tenían información valiosa en la escena del hecho, no se secuestró documentación que fue encontrada en el departamento de la víctima y se cometieron otros errores “groseros” que perjudicaron el avance de la causa. Mencionó que, de no haber sido así, la investigación podría haber sido resuelta en pocos meses y no en ocho años, como finalmente aconteció.

Ramos Ossorio pidió 6 años de prisión efectiva para Núñez e inhabilitación por 10 años. En tanto que la querella ejercida de manera conjunta por los abogados Pablo Ochoa y Pablo Del Pino, coincidió con el pedido de inhabilitación y solicitó 6 años y medio de prisión.