20/03/2026.- Salta al Instante.-Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Web.
El conflicto salarial en las universidades públicas estalló en marzo y amenaza con paralizar por completo el inicio del ciclo lectivo. Más de 100 mil docentes universitarios decidieron no comenzar las clases y lanzaron un plan de lucha que incluye paros escalonados, asambleas y la posibilidad de una huelga por tiempo indeterminado. El detonante es el mismo que se repite desde hace meses: salarios en caída libre y un gobierno que, denuncian, se niega a cumplir la ley que debería financiar el sistema universitario.
Las federaciones docentes Conadu Histórica y Conadu pusieron en marcha el paro nacional en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y luego del 23 al 30, con la advertencia de que el conflicto podría escalar si el gobierno de Javier Milei continúa ignorando el reclamo salarial y el financiamiento del sistema universitario.
La escena es inédita incluso para un país acostumbrado a las crisis educativas. Facultades cerradas, aulas vacías y asambleas multitudinarias en todo el país. El mensaje de los docentes fue directo: no habrá normalidad académica mientras el gobierno mantenga congelados los salarios y recorte el presupuesto universitario.
En la Universidad de Buenos Aires, el clima llegó a un punto de ebullición. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) votó en asamblea avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el Ejecutivo no cumple con el pago del 55,4 por ciento de aumento salarial establecido en la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795.
Ese punto es el corazón del conflicto. La ley fue aprobada por el Congreso para garantizar fondos para universidades y recomposición salarial docente, pero los gremios denuncian que el gobierno decidió no aplicarla. Para el sector universitario, el resultado es devastador: salarios pulverizados por la inflación y universidades que no saben si podrán sostener el funcionamiento básico durante el año.
El reclamo no se limita a una mejora salarial. También exige la convocatoria urgente a paritarias nacionales y la actualización del presupuesto universitario, que según rectores y sindicatos quedó completamente desfasado frente al aumento de costos operativos y al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.
Mientras tanto, la tensión se extiende por el sistema educativo. Las protestas se multiplican en facultades, rectorados y calles, con docentes, estudiantes y trabajadores no docentes participando de asambleas y movilizaciones.
El conflicto de marzo dejó al descubierto una escena incómoda para el gobierno: un sistema universitario en pie de guerra que denuncia que el ajuste fiscal se está financiando con el salario de quienes sostienen la educación pública.
Y la advertencia de los gremios es clara: si el Ejecutivo sigue ignorando el reclamo, lo que empezó como un paro de una semana puede transformarse en una huelga que deje a las universidades argentinas directamente paralizadas.
