04/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ordenanzas del interior reclamando el pase a planta a la ministra de Educación, Cristina Fiore. Imagen: Política Obrera.
La precariedad laboral se ha convertido en una zona de conflicto latente en la provincia de Salta, donde más de dos mil trabajadores de ordenanza denuncian una flagrante postergación del Estado provincial que ya lleva más de seis años sin resolverse. Según lo relatado por las propias trabajadoras y trabajadores, el Gobierno de Salta mantiene archivados expedientes y promesas incumplidas mientras ellos continúan subsistiendo con sueldos que apenas superan los 130 mil pesos mensuales, una suma que contrasta con la extrema diferencia salarial que percibe un ordenanza en planta permanente, estimada en alrededor de 1.400.000 pesos en bruto.
Los reclamos surgieron de manera espontánea y organizada desde los establecimientos educativos donde estos trabajadores desarrollan tareas esenciales —limpieza, asistencia, apoyo a la comunidad escolar— bajo contrato de convenio por colaboración con el Ministerio de Educación. Muchos ingresaron al sistema a través del Plan Potenciar y con el tiempo gestionaron la documentación para ser reconocidos en planta permanente; sin embargo, esa transición nunca se concretó y sus expedientes parecen detenerse en cajones burocráticos desde hace años.
Una de las empleadas afectadas relató a la prensa local que durante años trabajaron con la expectativa de que el pase a planta sería una cuestión de trámite, y que hoy esa promesa incumplida se ha convertido en una carga insoportable: “Lo único que queremos es que cumplan, porque no es solo un acuerdo de boca sino que hay papeles firmados y están incumpliendo de forma alevosa la resolución 912”, denunció.
La injusticia salarial y la falta de estabilidad contrastan con la realidad de sus colegas en planta permanente, quienes con una remuneración muy superior tienen acceso a obra social y derechos básicos que la mayoría de los ordenanzas precarizados no gozan. En ese contexto, muchos deben afrontar gastos de transporte para llegar a trabajar o pagar servicios esenciales con ingresos que quedan lejos de cubrir siquiera la canasta básica familiar.
Frente a esta situación, el malestar se ha convertido en amenaza de paro general de actividades en toda la provincia, que podría impactar directamente en el inicio de clases de numerosas escuelas por falta de personal auxiliar. La posibilidad de una huelga se discute en asambleas, donde las trabajadoras y trabajadores advierten que ya no toleran más dilaciones ni excusas y que utilizan la medida de fuerza como último recurso para forzar al Gobierno a cumplir con los compromisos asumidos.
Este conflicto laboral pone en evidencia, por un lado, la profunda desigualdad que atraviesa a los trabajadores estatales precarizados y, por otro, la incapacidad o la falta de voluntad política para resolver una situación que afecta no solo a sus condiciones de vida, sino al funcionamiento cotidiano de servicios públicos esenciales en toda Salta.
