Una Corte en veremos

El máximo tribunal será la última instancia de Justicia que no tendrá plazos inmediatos para resolver y que, en ese contexto, se encuentra en un virtual estado de recomposición de sus integrantes, lo cual podría darle más aire para resolver.

Una vez que el equipo de abogados de la exmandataria, encabezados por Carlos Beraldi, rechacen la condena y pidan su revisión, el proceso quede en manos de Horacio Rossatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el próximo a jubilarse Juan Carlos Maqueda.

Pero como la reconfiguración del máximo tribunal aún sigue pendiente, porque en el Senado siguen dando vuelta los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla -los candidatos que propuso el gobierno de Javier Milei-, los tiempos de definiciones podrían alargarse aún más.

Los tiempos judiciales

Pero hay otros motivos que inducen a una espera larga. Al no existir el “doble conforme”, que es el principio que establece que dos fallos en el mismo sentido son suficientes para no recurrir un fallo, la última instancia quedará en la sede de los Tribunales de Talcahuano.

El otro motivo es porque la queja contra el fallo de Cámara podría llegar como recurso extraordinario. Y en caso de que Casación rechace ese recurso, se puede hacer un planteo en queja. Con lo cual, el proceso podría tardar años.

Lo que también le da margen al eventual pronunciamiento de la Corte es la decisión de los camaristas de no precipitar la detención hasta que el fallo agote todas las instancias de apelación y quede firme. O no.

En concreto, desde que concluyó la decisión de la Sala IV leída por Youtube, la defensa de la exmandataria tiene diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema.

Uno de los argumentos clave de la defensa de Cristina Kirchner es que, al no haber pruebas concretas en su contra, el trasfondo del fallo condenatorio de primera instancia es político y tiene un objetivo claro: “proscribirla” en la arena política.

Ese fue el tono de la carta que ayer hizo pública la expresidenta para denunciar la connivencia de sectores del Poder Judicial con dirigentes políticos de derecha.