21/06/2025.- www.tiempoar.com.ar.- Por Ariel Stemphelet.-Foto portada: Fuerzas de la PFA con el nuevo uniforme.
Un abogado pidió la suspensión de los efectos del decreto 383/25, que presentó Javier Milei junto a su Ministra de Seguridad a comienzos de esta semana. Quedó sorteado Pablo Cayssials.
El juez Pablo Cayssials, uno de los integrantes de la comitiva de jueces que viajó junto a funcionarios políticos y directivos del Grupo Clarín a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido quedó sorteado para definir si es constitucional o no la reforma de la Policía Federal. Se trata de la «renovación» anunciada a comienzos de semana por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El pasado miércoles, el abogado Daniel Valmaggia presentó en la Justicia un planteo en contra del decreto 383/2025, en el que el gobierno formalizó la aprobación de un nuevo estatuto para la fuerza federal e incorporó una serie de modificaciones vendidas como un proceso de reforma y modernización de la fuerza. La medida había cosechado cuestionamientos principalmente a la luz verde que se le dio a la fuerza para hacer ciberpatrullaje en redes sociales abiertas sin orden judicial, entre otros puntos.
La presentación fue realizada ante los juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal. Se trata, nada menos, que del llamado «fuero de la gobernabilidad», donde recaen todas aquellas quejas judiciales contra medidas dictadas desde el Poder Ejecutivo. El pedido fue sometido a sorteo y el azar hizo que el planteo recayera en el Juzgado a cargo del juez Cayssials.
Cayssials y Lago Escondido
Cayssials es uno de los cuatro jueces que estuvo en la comitiva de «huemules» que viajaron a Lago Escondido en octubre del 2022. Ese nombre, alusivo a un animal conocido en esa zona andina, fue el que eligieron para autodenominarse los viajeros que, una vez conocido el escándalo, debatieron por Telegram cómo surfear las acusaciones y consultas de los medios.
Además de Cayssials, vale recordar que fueron de la partida el juez de primera instancia de Comodoro Py Julián Ercolini; el camarista de Casación Carlos Mahíques y Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico. La comitiva, además, la integraron el fiscal general porteño Juan Bautista Mahíques, el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, un hombre sindicado como exintegrante de la SIDE llamado Leonardo Berghot, el publicista Tomás Reinke y los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.
Todos ellos estuvieron formalmente bajo investigación judicial luego de una denuncia presentada por el gobierno nacional a instancias del expresidente Alberto Fernández. Pero en diciembre del 2023, el juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a todos los imputados y declaró la nulidad de lo actuado. Entre otras cosas, porque «las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a las garantías constitucionales». El juez aplicó la teoría del fruto del árbol envenenado, que postula que si una evidencia es obtenida de manera irregular, cualquier otra cuestión derivada de ella se considera inválida. Y caso cerrado.
Cayssials, que integró esa comitiva, tiene ahora que definir respecto de la presentación contra el decreto que tiene la firma de Patricia Bullrich. De momento, según pudo saber Tiempo, el Juzgado le corrió vista al fiscal Fabián Canda para que dictamine respecto de la presentación.
Ambos deberán revisar si son admisibles los argumentos esgrimidos por el autor de la presentación, que sostuvo, entre otras cosas, que la medida en cuestión permite actos represivos y violatorios de garantías y derechos constitucionales, como el derecho a manifestarse en forma pacífica, transitar y permanecer libremente por el territorio, y de expresar ideas sin ningún tipo de censura.
Fallos adversos
En rigor, más allá de la catalogación que tiene este fuero en relación con la gobernabilidad de las diferentes gestiones que están frente al Ejecutivo, Milei ha recibido varias decisiones adversas. Por ejemplo, en una de las últimas, el Contencioso frustó el intento oficialista de sacar la queja de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el DNU anti-huelgas 340/25 del Fuero Laboral. Fue luego de que un juez rechazara un pedido del gobierno para pedir la inhibitoria de la jueza Moira Fullana.
En abril pasado, además, la Cámara ordenó la suspensión de algunos artículos del DNU 70/23 que, entre otras cuestiones, permitían la venta de analgésicos y antiácidos en kioscos, como pretendía el ministro de Desregulación, Federico Sturzegger. Ese mismo mes, otra Sala ratificó una sentencia que obligó al Ministerio de Capital Humano a reanudar la entrega de alimentos a comedores.
En enero, además, el gobierno recibió un revés en su lucha contra las políticas de género. En ese caso, el Contencioso le puso freno al avance de la eliminación de programas orientados a la prevención y asistencia a víctimas de violencia de género.
El 27 de mayo de 2025, La Política Online publicaba lo siguiente:
Los jueces lograron enterrar la investigación de Lago Escondido con la ayuda del radical Vischi
27/05/2025.- La Política Online.- Adujeron que el caso ya fue cerrado por un magistrado. Los consejeros que se opusieron señalaron que lo que estaba en análisis allí era la conducta y la ética de los magistrados.
El Consejo de la Magistratura tumbó la continuidad de un proceso disciplinario a los magistrados que viajaron a Lago Escondido, la mansión en Bariloche del magnate británico Joe Lewis. El planteo para que no haya investigación contra los jueces que realizaron ese viaje, que motivó una causa penal por el presunto delito de dádivas y cohecho agravado, fue definido de manera decisiva por sus colegas de estamento y la ayuda del senador radical Eduardo Vischi. Por seis votos a cuatro los hechos no serán analizados por el Consejo.
El argumento esgrimido por los consejeros jueces -que hace dos semanas abandonaron la sesión impidiendo el quorum para que funcionase- es que el trámite penal iniciado ya está cerrado por el juez federal de Comodoro Py Sebastián Ramos. El basamento es que la información que motivó la apertura de la pesquisa fue obtenida de manera ilegal lo que provocó el archivo del trámite. El consejero instructor Hugo Galderisi dijo que para pedir el cierre lo guiaba «la búsqueda de justicia y no el titular rimbombante y avieso de un periódico. No podemos juzgar en base a editoriales».
Los votos para desestimar la investigación fueron de los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones. A su posición se sumaron Galderisi, que es del estamento académico, y el senador radical Eduardo Vischi. El correntino ya había demostrado sus cualidades para ayudar en causas urgentes cuando en el Senado fue clave para voltear la comisión investigadora por la estafa Libra que salpica a Javier Milei. Votaron en contra de cerrar el expediente el presidente de la Comisión de Disciplina, César Grau, y los consejeros Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Luis Juez.
El trámite responde a la presentación de más de un centenar de denuncias recibidas en el Consejo sobre un viaje en el que participaron el juez federal Julián Ercolini, el juez federal económico Pablo Yadarola, el juez Pablo Cayssials del juzgado contencioso administrativo 9 y Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal. En el viaje cuestionado estuvieron también el ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques.
El fundamento dado por los jueces consejeros es que el inicio ilegal del caso, por información sobre los magistrados implicados difundida en base a la difusión de interceptaciones telefónicas presuntamente hackeadas al celular de D’Alessandro, no permite la continuidad del caso. «No se puede convertir en legal lo que es ilegal», dijo el consejero Lugones.
«Acá nadie habla de los hechos. Si hay un ciudadano siguiendo esta audiencia se puede preguntar de qué estamos hablando», replicó la consejera Vanesa Siley, que es diputada nacional del PJ.
«Estamos hablando de cuatro jueces federales que los hechos dicen que aceptaron un viaje pago de tres días, un fin de semana largo, al hotel del empresario Joe Lewis en Lago Escondido. Pago el transporte, la estadía, lo que fue consumido allí. Luego según lo planteado intentaron fraguar este viaje pago diciendo que lo habían pagado de su propio bolsillo y se pusieron en campaña para buscar facturas truchas que acreditaran sus gastos. Estos son los hechos. Y nadie habla de esto. Estamos con eufemismos para no contar los hechos», agregó Siley.
Luis Juez.
Para Siley no es labor del Consejo de la Magistratura determinar si se cometió un delito. «Acá lo que tenemos que ver si es ético que una empresa, el grupo Clarín, pague un viaje, y a los meses se resuelva una causa que beneficia al grupo, como el caso de Cayssials, que favoreció a Telecom», planteó. «Un juez puede no haber sido declarado culpable de cometer un delito y sin embargo ser removido de su cargo o ser sancionado», avanzó.
Para rechazar el trámite, el juez Barroetaveña sostuvo que «sabemos desde el comienzo que hay denuncias totalmente infundadas». Adujo que hay un análisis fundado que explica con sobrados elementos la resolución que pedía desistir el proceso disciplinario. «Firmé ese dictamen. Estoy convencido de que es fundado y que está bien la decisión».
«Se cargaron a Freiler con la causa penal fenecida. Se cargaron a un camarista penal. Claro que estamos para discutir esto. ¿Dónde si no nos vamos a enterar de las cosas? Lo que es bochornoso es que se explicite tan claramente la voluntad de impunidad para proteger a estos jueces». Rodolfo Tailhade.
A esos planteos el consejero Rodolfo Tailhade, diputado nacional por Unión por la Patria, le contestó bordeando la indignación. «La vergüenza de esto no tiene límites. No se ha desvirtuado la acusación que tienen los jueces. La causa se terminó porque se anuló. Pero no quedan sin sustento los cuestionamientos sobre la falta ética y moral de los magistrados».
Tailhade dijo que había que avanzar en medidas de prueba que se habían hecho en el mismo Consejo en otros casos. «Por ejemplo se cargaron a (Eduardo) Freiler con la causa penal fenecida. Se cargaron a un camarista penal. Claro que estamos para discutir esto. ¿Dónde si no nos vamos a enterar de las cosas? Lo que es bochornoso es que se explicite tan claramente la voluntad de impunidad para proteger a estos jueces.»
El caso analizado ocurrió entre el 13 y 15 de octubre de 2022. La imputación es por el presunto regalo de ser trasladados, alojados a costas de integrantes del partido PRO y del propio Lewis en su residencia.
César Grau
Según planteos recogidos en el dictamen votado negativamente, se consideró que las conductas denunciadas colocaban «en sería crisis la imparcialidad e independencia, así como la honestidad e idoneidad ética que -según manda la Constitución Nacional- cabría esperar de los magistrados aquí denunciados».
La Fiscalía de Bariloche, que primero tuvo el caso hasta que reclamó la competencia Comodoro Py, detectó irregularidades con la emisión de las facturas de la estadía que se hicieron a nombre de quienes tienen cargos judiciales o estatales, no así de los privados.
Según consta en el legajo analizado este martes en la sesión del Consejo, eso sucedió con fecha muy posterior al viaje, el 28 de octubre. «Esto en el contexto de audios que se conocieron, donde el juez Ercolini, entre otros, sugieren realizar justamente este acto de encubrimiento al solicitar facturas fraudulentas para aparentar que ellos abonaron dichos gastos y evitar la imputación por violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, aceptación de dádivas y/o negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas», señala el informe cuya investigación en el Consejo hoy fue desestimado.
