La conexión, con pantalla partida, entre la presentadora oficialista de noticias, Cristina Pérez, desde un estudio de LN+, y el titular del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara Baja, Germán Martínez, desde un móvil de esa señal en un pasillo del Congreso, fue una postal televisiva del presente.

“¿Usted no repudia que le tiren bosta a la casa de un diputado?”, preguntó ella, con tono admonitorio, para así acorralar al entrevistado.

Y la respuesta fue: “Usted dígame si estas personas tienen que estar presas”.

Se refería, claro, a Alesia Abaigar (funcionaria bonaerense del Ministerio de Mujeres), a Eva Mieri (concejala justicialista de Quilmes), a Aldana Muzzi (trabajadora social de Villa Martelli), a Candelaria Montes Cató (militante de La Cámpora) y a Iván Díaz Bianchi (trabajador en el ámbito de la salud). Los cinco languidecían en el penal de Ezeiza (Alesia ahora está bajo arresto domiciliario y otros tres fueron liberados).

Contrariada por la frase de Martínez, la esposa del ministro de Defensa, Luis Petri, le soltó en la cara:

–Esa es una decisión que le compete a la Justicia. No a usted o a mí.

Hablaba como si viviera en Atenas durante la era de Pericles.

Al respecto, bien vale poner en foco un detalle –diríase– de color: luego de estar durante 48 horas en un calabozo, Alesia fue llevada ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El clima que flotaba en su despacho era sorprendente.

La viuda del suicidado fiscal Alberto Nisman la recibió con una sonrisa, mostrándose muy cálida y comprensiva. Lo cierto es que esa mujer de mejillas poceadas chorreaba cordialidad. Hasta le convidó un chocolate Lindt, mientras la interrogaba con un tono casi maternal.

Todo parecía indicar que la detenida saldría de ese sitio en libertad.

Lo que ocurrió seguidamente fue aterrador. Porque, sin variar su actitud dulzona, la jueza estampó su firma al pie de una foja, convirtiendo así su arresto en prisión preventiva, además de ordenar su inmediato traslado a una cárcel de máxima seguridad. Su sonrisa ahora resultaba siniestra.

Ya corrieron ríos de tinta sobre los allanamientos a los domicilios de los imputados: irrupciones violentas de hordas con no menos de 20 uniformados, siempre durante la madrugada, que incluían malos tratos y la rotura de puertas, muebles y electrodomésticos, junto al encadenamiento de los detenidos, quienes, además, tenían los ojos vendados. ¿Acaso en semejante coreografía palpitaba un homenaje a las patotas de la última dictadura?

No en vano, en un posteo publicado el 3 de julio en su cuenta de Twitter, la encarcelada y proscripta Cristina Fernández de Kirchner habló de “terrorismo de Estado de baja intensidad”. Una calificación que, dicho sea de paso, ofendió sobremanera a los guacamayos periodísticos del régimen.

Es que ellos, casi a coro, olfateaban en la bosta equina arrojada ante la vivienda de Espert nada menos que el germen de una “escalada subversiva”. Y ese parecer era compartido por los máximos funcionarios del gobierno.

En tanto, el diputado agredido paladeaba su inesperado protagonismo. Y también el castigo ejemplar a sus atacantes. Por lo que nuevamente repitió, ante todo micrófono que se le puso a tiro, su slogan preferido: “Cárcel o bala”.

La semejanza física de aquel sujeto con Lex Luthor, el villano de ficción que siempre se pelea con Superman, hizo que la escena pareciera irreal.

No era la primera vez que él era blanco de ataques.

En este punto, es necesario retroceder a la noche del 6 de agosto de 2019, cundo el jeep Grand Cherokee que lo llevaba hacia los estudios de Crónica TV para una entrevista fue atacado a piedrazos por desconocidos.

–No fue un atentado político sino un hecho de vandalismo aislado –supo farfullar entonces, con un dejo evasivo.

Es que aquel rodado estaba a nombre de Claudio Cicarelli, quien es primo de Federico “Fred” Machado, un millonario de Río Negro. Cabe destacar que, por entonces, financiaba su candidatura en las elecciones de aquel año.

¿Qué diablos querría de Espert con su mecenazgo? O, formulada aquella pregunta al revés, ¿qué le habría prometido Espert a cambio?

El asunto es que, en abril del año siguiente, el bueno de Fred fue detenido en Neuquén por un requerimiento de la Justicia estadounidense. Se lo acusaba de tráfico de cocaína –en sociedad con el Cártel de Sinaloa– y del blanqueo de 55 millones de dólares, mediante campañas electorales de candidatos peruanos, guatemaltecos y argentinos. Pero este problemita fue rápidamente olvidado.

Ahora regresemos a la Argentina actual, en la que el descabellado arresto de cinco personas por el affaire de la bosta coincide con el hostigamiento digital a la periodista Julia Mengolini, efectuado por la falange de trolls que anida en la Casa Rosada, mientras continúa cada miércoles en la Plaza del Congreso la represión a jubilados y periodistas, algo que el fotógrafo Pablo Grillo sabe en carne propia. En tal contexto, la detención de CFK marca el abrupto final de lo que fue el período democrático más largo que hubo en la Argentina (41 años y casi siete meses, desde el 10 de diciembre de 1983).

¿Cómo diablos cayó este país en un agujero de tales características?

La toma del poder por parte de una gavilla de lúmpenes encabezados por Javier Milei (gracias al 56% del padrón electoral) no sólo desbarató las tradiciones políticas y las aspiraciones democráticas de la Argentina. También plantea un profundo desafío para entender cómo funcionan los resortes del pensamiento colectivo ante el poder y por qué la gente vota lo que vota.

Más allá de que tales interrogantes aún no tienen respuesta, sus resultados ya están a la vista.

El punto de partida de la represión política del régimen “libertario” fue el ya famoso “protocolo antipiquetes”, ideado por Patricia Bullrich. Una guía para la acción afinada desde el otoño de 2024. Su efecto más atroz es la recurrencia de sus despliegues. Una recurrencia que naturalizó la bestialidad de las fuerzas federales ante la opinión pública.

Sin contar sus heridos y contusos, a 19 meses del arribo de Milei al Sillón de Rivadavia, su cosecha fue de mil manifestantes arrestados.  De modo que la calle fue el ámbito para disciplinar a la ciudadanía díscola. Pero también para sentar las bases de un punitivismo más quirúrgico (la segunda etapa del asunto), mediante la obtención de datos sobre los detenidos, a quienes, pese a la voluntad de sus captores, se debía liberar tras su identificación.

En esto último radica la clave del asunto.

Así se armó un valioso fichero de “enemigos”, en el que resaltan desde dirigentes políticos y simples manifestantes, hasta miembros de organizaciones sociales vulnerables, pasando por periodistas, figuras de la cultura, los jubilados más gritones y todo ciudadano crítico hacia el gobierno de LLA.

Ahora, con CFK bajo arresto domiciliario, acaba de empezar una nueva fase persecutoria.

Alexia y sus amigos son sus primeros presos políticos. Y todo indica que eso mutaría en una nueva generalidad.

El método ya está a la vista: sus víctimas serán cazadas en sus domicilios con redadas en medio de la madrugada y con el visto bueno de magistradas tan amables como la doctora Arroyo Salgado.

El terror se encuentra al alcance de la mano. Noche y niebla para todos.