El pasado lunes, mediante el DNU 793/2025, el gobierno nacional modificó la Ley de Ministerios y trasladó la Dirección Nacional de Migraciones al ámbito del Ministerio de Seguridad. De esta forma, Javier Milei le quitó un área clave al Ministerio del Interior encabezado por Diego Santilli para dárselo a la ministra Patricia Bullrich, que acumula un escalón más de poder en el gobierno.

El gobierno da otro paso más en su cambió de visión sobre la migración: pasar de ser una cuestión de regulación poblacional a un problema de seguridad nacional. Hace seis meses, el gobierno ya había modificado la Ley de Migraciones 25871. “Esos cambios, dificultaron el acceso a los trámites de ciudadanía, a la educación superior, habilitaron el arancelamiento en el sistema de salud y facilitaron las expulsiones. En aquel momento, decenas de organizaciones del colectivo migrante denunciamos en un documento la restricción de derechos que generaba el decreto apoyándose en datos falsos, prejuicios y desconocimiento”, expresó una declaración del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En septiembre de 2024, el gobierno también modificó la estructura de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) tras la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI). La decisión del Poder Ejecutivo fue cubrir el puesto que le correspondía al INADI con un miembro del Ministerio de Seguridad. Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al Estado argentino sobre la afectación que todas estas reformas generan sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La CIDH expresó su preocupación y destacó que los argumentos del gobierno que definen a la migración como una amenaza a la seguridad “carecen de respaldo en información oficial, actualizada y basada en datos objetivos”.

“Con este nuevo decreto, el gobierno desoye la advertencia del sistema interamericano de derechos humanos y consolida la tendencia de restricción de derechos para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo”, manifestó el CELS. El miércoles pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, fue consultado sobre este tema en el marco de la reunión del Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas (ONU). El subsecretario no respondió a la preguntas y solo comentó que “se han dado por ciertas algunas situaciones y se ha recurrido a informes sin revelar fuentes ni saber el origen de los datos que se están proporcionando”.

Referentes de la comunidad migrante comenzaron a manifestarse al respecto del traslado de migraciones a la cartera de Bullrich. “Hay que recordar que el primer avance contra de los migrantes lo tuvo precisamente Bullrich cuando sacó el protocolo antipiquetes, que en su artículo 11, ya comenzó a prohibir la presencia de personas migrantes en manifestaciones públicas”, manifestó Raúl Palencia, migrante salvadoreño y miembro de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI). “Esto es la profundización de una política antiinmigrantes que busca criminalizar, perseguir y expulsar a las personas migrantes para tomarlas como chivo expiatorio para gobiernos que han fracasado en sus medidas económicas”, reafirmo Palencia al respecto.

“Desde la FDHI presentamos un informe en julio donde anticipábamos que iban a haber medidas de este tipo, medidas que no responden a un problema de sobrepoblación migrante ni y mucho menos sino que son formas de inculpar a un sector de la población. No se está resolviendo ningún problema”, comenta Palencia. “Deportar, expulsar, no ha resuelto los problemas de ningún país que tiene migraciones muchísimo más altas que la de la Argentina”.