15/12/2025.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Patricia Bullrich en los ´70, antes de pasar por todo el arcoíris político que la ha mantenido en el poder con su fuerza camaleónica. Imagen: Archivo.
El Día Internacional de los Derechos Humanos pasó en Argentina con una paradoja obscena: mientras se reivindican consignas universales, en los tribunales se cocina una cruzada judicial destinada a perseguir a militantes de los años ’70, con el objetivo político de empatar responsabilidades y diluir el terrorismo de Estado. La causa por el atentado a la ex Coordinación Federal es la punta de lanza de esa operación. Y esta semana explotó por donde menos lo esperaban: Patricia Bullrich apareció en la lista.
El expediente gira en torno a la bomba que estalló el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal, un edificio que no era una oficina administrativa cualquiera sino un centro neurálgico de la represión ilegal, con secuestros, torturas y desapariciones funcionando a pleno. Pese a eso, sectores del oficialismo y del negacionismo judicial empujan para que ese hecho sea considerado crimen de lesa humanidad… pero solo cuando conviene.
La maniobra no es nueva. Viene incubándose desde hace años y tomó impulso cuando el ex subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños firmó una resolución que equipara acciones guerrilleras con crímenes de lesa humanidad, una llave jurídica perfecta para reabrir causas prescriptas y rearmar expedientes con nombres “vendibles”.
El jueves, en la audiencia de la Cámara Federal de Casación, la abogada Myriam Bregman dinamitó el clima solemne con una frase que dejó a todos incómodos:
“Eligieron nombres rimbombantes porque, si no, la causa no tiene sentido. ¿Saben qué nombre ya no pueden sostener? Patricia Bullrich”.
Silencio. Murmullo. Y una certeza incómoda: la actual senadora libertaria figura en el expediente como presunta integrante de Montoneros, bajo su nombre de guerra, con vínculos directos con Rodolfo Galimberti y con participación en tareas previas a acciones armadas. Un dato que incomoda no solo al Gobierno, sino a toda la narrativa de “mano dura con pasado inmaculado” que Bullrich intenta vender desde hace décadas.
La paradoja es brutal: el mismo expediente que hoy se usa para perseguir militantes incluye a una de las principales figuras del poder político actual, pero su nombre fue convenientemente borrado del listado de imputables. Selectividad judicial en estado puro.
La causa, impulsada una y otra vez por ex policías, abogados de represores y organizaciones afines al discurso de la “memoria completa”, fue cerrada reiteradamente por la Justicia por estar prescripta. Sin embargo, resucita cada vez que el clima político lo permite. No para buscar verdad, sino para forzar un empate moral entre víctimas y victimarios, entre genocidio y militancia política.
Mientras tanto, en ese mismo expediente aparecen personas desaparecidas, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y nombres elegidos más por impacto mediático que por sustento probatorio. Una causa armada para generar ruido, titulares y presión política.
La escena final es grotesca: jueces atrapados entre el expediente y la Historia, querellantes negacionistas reclamando justicia selectiva y un Gobierno que fogonea la persecución penal como revancha ideológica. Y en el medio, el nombre de Bullrich, flotando como una bomba sin detonar.
La pregunta ya no es si esta causa busca justicia.
La pregunta es a quiénes quieren encarcelar… y a quiénes siguen protegiendo.
Juicio. Imagen: Archivo.
