26/12/2025.- Salta al Instante.- Imagen: Ilustrativa.
Un hombre de 29 años fue condenado luego de ingresar al domicilio de su familia y amenazar reiteradamente a sus integrantes, pese a contar con medidas cautelares vigentes que le prohibían el acercamiento y lo excluían del hogar para proteger a su grupo familiar.
Por expresas directivas del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, la auxiliar fiscal Magalí Bava Cuggia representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 8 del Distrito Centro, en una audiencia de juicio abreviado donde el acusado enfrentó cargos por tres hechos de amenazas.
La denuncia fue realizada por la hermana del imputado, quien relató que el pasado 27 de noviembre, durante la tarde, el hombre se presentó en la vivienda familiar del barrio Santa Rita bajo los efectos de sustancias. En ese contexto, adoptó una conducta violenta y comenzó a arrojar cuchillos dentro del inmueble, generando una situación de extremo riesgo.
Ante el pedido de su madre para que se retirara, el acusado reaccionó con mayor agresividad, lanzándole diversos objetos. La mujer debió abandonar momentáneamente la vivienda para resguardar su integridad física.
Lejos de cesar, el hombre continuó profiriendo amenazas contra la denunciante y otros hermanos, lo que motivó el llamado inmediato al Servicio de Emergencias 911. Si bien se retiró antes de la llegada del personal policial, regresó minutos después y fue demorado por los efectivos a solicitud de la familia.
Según se dejó constancia en la causa, estos episodios no eran aislados, sino que se habían repetido en otras oportunidades, especialmente cuando se le realizaba algún reclamo, configurando un patrón de violencia sostenida.
Finalizada la audiencia, la jueza Claudia Puertas, tras recibir la confesión del acusado, lo condenó a seis meses de prisión de ejecución condicional y le impuso estrictas reglas de conducta. Entre ellas, deberá someterse a tratamiento por adicciones, tiene prohibido ejercer cualquier tipo de violencia y no podrá tomar contacto, por ningún medio, con su grupo familiar durante dos años.
El caso vuelve a poner en evidencia que la violencia dentro del ámbito familiar no es un conflicto privado, sino una problemática grave que debe ser abordada con intervención judicial firme para proteger a las víctimas y evitar consecuencias aún más graves.
Con información del Ministerio Público de Salta.
