26/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: Casación marca un límite, la muerte de un soldado nunca es un hecho “personal” y compromete penalmente a las Fuerzas. Imagen: Ilustrativa. Página/12.
La Cámara Federal de Casación Penal fijó un criterio contundente que sacude de lleno a las Fuerzas Armadas y de Seguridad: cuando un soldado muere en un cuartel o durante el servicio, existe responsabilidad penal institucional, aun cuando el hecho sea presentado como un suicidio. El fallo, dictado este martes, impacta de manera directa sobre las recientes muertes de tres soldados y un gendarme, que ahora deberán investigarse bajo el prisma de la violencia institucional.
La resolución —de 43 páginas— fue dictada por la Sala I de Casación, con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, y el rechazo de Diego Barroetaveña. El mensaje es inequívoco: no hay muertes “privadas” dentro de estructuras armadas. La falta de preparación, de evaluación psiquiátrica, el hostigamiento de superiores o la asignación de tareas para las que el soldado no estaba en condiciones pueden configurar delitos graves, desde incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta abandono de persona, homicidio culposo e incluso homicidio agravado.
El fallo surge de un caso ocurrido en 2003, pero proyecta sus efectos al presente. Mauro José Francisco Ramírez apareció muerto en un destacamento del Ejército en Misiones con un disparo de su fusil reglamentario. La causa fue cerrada de manera exprés como suicidio, sin preservar pruebas clave y bajo una investigación plagada de irregularidades. Casación ahora ordenó reabrir el expediente y avanzar con indagatorias, al considerar inaceptable reducir la muerte de un soldado a un “drama individual”.
Slokar fue categórico: cuando un joven armado, sometido a órdenes estrictas y con autonomía restringida muere, el Estado debe responder. El juez incluso citó jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cuestionó investigaciones superficiales en muertes de soldados, especialmente cuando existe la posibilidad de hostigamiento por parte de superiores.
El criterio cobra especial relevancia frente a lo ocurrido el 16 de diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos, donde el soldado voluntario Rodrigo Gómez murió de un disparo en la cabeza mientras cumplía tareas de custodia. Aunque todo indica que se trató de un suicidio, Casación deja claro que esa conclusión no clausura responsabilidades penales.
La causa, en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Federico Iuspa, avanza bajo estricto hermetismo. Se analizan una carta atribuida al joven, pericias caligráficas y el dermotest para determinar si efectivamente fue él quien disparó. Pero el eje ya no es solo quién apretó el gatillo, sino quién lo puso en esa situación.
Gómez llevaba apenas tres meses en el Ejército. Provenía de una familia humilde del interior y fue destinado directamente a custodiar la residencia presidencial, una tarea de altísima exigencia. Surgen interrogantes inevitables: ¿hubo evaluación psiquiátrica?, ¿hubo contención?, ¿estaba preparado?, ¿fue expuesto a presiones o maltrato? Un dato no menor: un hermano menor también se alistó y abandonó por no soportar el trato de los superiores.
Casación fue clara al definir estas muertes como violencia institucional: jóvenes sometidos a órdenes, sin posibilidad real de negarse, bajo responsabilidad directa de sus jefes. En ese contexto, el Estado tiene un deber reforzado de cuidado.
La figura más grave que podría imputarse es la de abandono de persona, con penas de hasta 15 años de prisión. También podría configurarse homicidio culposo por negligencia, impericia o violación de reglamentos. Incluso en el escenario mínimo, el incumplimiento de los deberes de funcionario público aparece como una imputación inevitable.
El fallo desarma el discurso que busca cerrar estos casos como tragedias íntimas. No son decisiones aisladas, son muertes ocurridas dentro de estructuras jerárquicas que restringen la libertad y exigen obediencia absoluta. Allí, cada omisión pesa.
La Justicia ahora tiene una hoja de ruta clara. Y las Fuerzas, una advertencia: cada soldado muerto es una responsabilidad que no se diluye en el silencio ni en la excusa del “problema personal”. Son jóvenes con sueños, provenientes del interior, mal pagos, muchas veces maltratados. Cuando el sistema falla, el resultado puede ser irreversible.
