26/12/2025.- Salta al Instante.- Foto portada: Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jovenes asesinadas en Florencio Varela.
El juez Fernando Pinos Guevara, quien estuvo al frente de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela, denunció haber sido víctima de amenazas directas, robos violentos y un claro intento de amedrentamiento tras avanzar en una investigación atravesada por el narcotráfico. Entre lágrimas, el magistrado fue contundente: “Me apuntaron en la cabeza y vivo con pánico”.
Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantía N°4 de La Matanza, relató que el primer episodio ocurrió el 2 de noviembre, cuando regresaba a su casa junto a su familia. Un grupo armado lo interceptó, le robó las llaves y lo encañonó. “Me pusieron la pistola en la nuca. Estaba convencido de que me iban a disparar”, recordó en una entrevista radial, visiblemente afectado.
Según explicó, la brutalidad del ataque y el contexto en el que se produjo no dejan margen para la duda: no fue un robo al azar. Con apoyo policial, los autores fueron rastreados hasta el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache. Para el juez, el mensaje fue claro y directo: intimidar a quien investigó uno de los crímenes más aberrantes del año.
La amenaza no terminó ahí. En plena Nochebuena, el magistrado sufrió un segundo robo, esta vez en una vivienda que utiliza los fines de semana. Los delincuentes se llevaron una consola de videojuegos, pero Guevara volvió a descartar el móvil económico. “No venían a buscar eso. Tiene otra connotación”, afirmó, señalando nuevamente el vínculo con la causa judicial.
El expediente por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ya fue elevado al fuero federal, luego de que se confirmara la conexión del crimen con una organización narcocriminal. Tras avalar las prisiones preventivas y el traspaso de la investigación, Pinos Guevara dejó de intervenir directamente en el caso, que quedó en manos del Juzgado Federal N°2 de Morón, bajo la órbita de la Cámara Federal de San Martín.
Mientras tanto, la causa avanza. En las últimas semanas fue detenido un nuevo sospechoso, Bernabé Jesús Mallon, de 42 años, señalado como parte de la estructura que planificó el triple femicidio. Con esta detención, ya son doce los imputados, todos con prisión preventiva, mientras la Justicia intenta reconstruir el entramado criminal y posibles encubrimientos.
El testimonio del juez expone una realidad alarmante: cuando el narcotráfico entra en escena, no solo están en riesgo las víctimas, sino también quienes investigan y juzgan. Las amenazas no pueden naturalizarse. La violencia que rodeó el crimen de tres jóvenes sigue proyectando su sombra sobre el sistema judicial, dejando una pregunta inquietante: ¿quién protege a quienes deben impartir justicia?
