02/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Casa Rosada. Imagen: Guadalupe Lombardo.
El ajuste no se toma descanso. En silencio y por decreto, el Gobierno nacional decidió suspender todas las contrataciones de personal “de cualquier naturaleza” en el Estado nacional. La orden baja como un mazazo sobre oficinas, organismos y dependencias públicas: no se cubrirán vacantes, no se reforzarán áreas críticas y no ingresará un solo trabajador más. La motosierra vuelve a caer, ahora directamente sobre los empleados públicos.
La medida quedó plasmada en el decreto 934, firmado el último día hábil de 2025 y publicado recién este viernes en el Boletín Oficial. Otra jugada clásica: decisión tomada a escondidas y blanqueada cuando el año ya arrancó.
El argumento es el de siempre: “cuidar el gasto público” y sostener el “equilibrio fiscal”. En la práctica, significa un congelamiento total de la administración pública. El Estado no podrá incorporar personal de planta transitoria ni permanente, ni contratados a plazo fijo, indeterminado, parcial, eventual o bajo cualquier otra figura. Tampoco se podrán sumar profesionales autónomos para estudios, proyectos o programas especiales. Nada. Cero.
La prohibición alcanza incluso a las designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente y a cualquier forma de contratación, con o sin relación de dependencia. Los puestos que queden vacíos por despidos, retiros voluntarios o acuerdos de desvinculación directamente no se cubrirán. Sólo se habilitan reemplazos puntuales por jubilaciones o renuncias, siempre y cuando no impliquen aumentar la dotación.
El resultado es previsible: oficinas vaciadas, tareas acumuladas, servicios resentidos y trabajadores sobrecargados. Un Estado cada vez más chico, pero también más lento e ineficiente.
El decreto fija algunas excepciones, como las Fuerzas Armadas y de seguridad —con la salvedad del personal civil—, el Servicio Penitenciario, los guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. También quedan afuera del congelamiento los profesionales de hospitales y centros de salud, además de las universidades nacionales.
Sin embargo, la excepción universitaria suena casi cínica: el propio Javier Milei ordenó un recorte cercano al 30% de sus presupuestos, lo que vuelve casi imposible cualquier incorporación real de personal.
También se exceptúan cargos en la Secretaría de Cultura, el Gabinete de Ministros, los ministerios en funciones y las contrataciones necesarias para cumplir con el cupo de discapacidad. El resto, a la intemperie.
Con este decreto, el Gobierno profundiza su política de ajuste brutal sobre el sector público. Menos trabajadores, menos Estado y más motosierra. El costo, como siempre, no lo paga el Excel: lo pagan los servicios, los empleados y, en última instancia, la sociedad entera.
