02/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Las detenciones que llevó adelante incluyen incomunicaciones y denuncias por malos tratos. Imagen: Guido Piotrkowski.
La Justicia se mira al espejo y no le gusta lo que ve. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fue formalmente notificada de la apertura de un expediente en su contra por posible mal desempeño y abuso de autoridad. El detonante: un operativo desmesurado, con tintes de show punitivo, que terminó con militantes peronistas detenidos, incomunicados y humillados por colgar un pasacalle y tirar bosta en la puerta de la casa de José Luis Espert.
Las detenciones —ordenadas a pedido del propio Espert— fueron calificadas como escandalosas incluso dentro del ámbito judicial. Hubo incomunicaciones prolongadas, ausencia de pruebas sólidas y denuncias gravísimas por malos tratos. Dos de las víctimas, Alexia Abaigar y Eva Mieri, expusieron ante el Consejo de la Magistratura un relato que eriza la piel: abusos, vejaciones y un uso del aparato penal que huele más a disciplinamiento político que a justicia.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió avanzar y abrir el expediente a mediados de diciembre. El 22 de ese mes, Arroyo Salgado fue notificada y ahora tendrá 20 días para defenderse. Un intento de frenar la investigación, impulsado por la exconsejera radical Roxana Reyes, fracasó. El rechazo fue contundente y transversal: votaron libertarios reciclados, larretistas y kirchneristas. Cuando la Justicia huele a exceso, las grietas se achican.
Mientras el expediente avanzaba, la jueza salía de gira mediática hablando de “corrupción en los tres poderes” y de una “justicia independiente en peligro”. Ironías del destino: la denuncia en su contra apunta, precisamente, a su presunta falta de independencia y a un alineamiento grosero con el poder político de turno.
En tribunales se comenta desde hace tiempo que Arroyo Salgado aspira a cargos mayores: la Defensoría General de la Nación o, directamente, un sillón en la Corte Suprema. No sería la primera vez que mezcla justicia y política: su aparición estelar en el debate presidencial Macri–Scioli, invitada por Guillermo Montenegro, todavía genera incomodidad. La excusa fue personal; la escena, política.
El operativo que ahora la compromete fue celebrado sin pudor por el Gobierno de Javier Milei. Patricia Bullrich difundió las detenciones como un trofeo y anticipó nuevas capturas en redes sociales. Espert hizo lo mismo. Según la denuncia, el diputado accedía a información del expediente bajo secreto de sumario, mientras a las personas detenidas se les negaban datos básicos sobre su propia situación procesal.
Los testimonios son demoledores. Alexia Abaigar, con una enfermedad autoinmune grave y antecedentes quirúrgicos recientes, fue enviada al penal de Ezeiza sin garantías médicas ni alimentarias. Ella y su madre fueron detenidas e incomunicadas durante 48 horas por una cédula azul. En cada traslado, relató, fue obligada a desnudarse delante de personal masculino. Pero lo más siniestro llegó camino a tribunales: policías la hicieron volver atrás porque “a la jueza no le gustaron las imágenes” y querían filmarla de nuevo, con la cara visible. Un casting judicial para consumo mediático.
Eva Mieri pasó 13 días presa tras un operativo propio de la caza de un criminal peligroso. Allanamientos a familiares, encierro en un penal federal sin prisión preventiva y humillaciones reiteradas. Desnudos forzados, burlas durante su menstruación, una letrina sin puerta, esposas que impedían moverse. Todo, por una protesta política.
Ambas recuperaron la libertad por orden de la Cámara Federal de San Martín, que puso un freno a un expediente que hacía agua por todos lados.
La denuncia presentada por la diputada Vanesa Siley y el senador Mariano Recalde no deja lugar a dudas: lo ocurrido fue un abuso de autoridad, una persecución política y un desvío de poder. Convertir una contravención en delitos federales, forzar la competencia judicial y usar la cárcel como escarmiento es, dicen, una maniobra de amedrentamiento al servicio del Gobierno nacional.
Ahora, el Consejo de la Magistratura deberá decidir si este caso queda en una advertencia o si avanza hacia un juicio político. Lo que ya quedó claro es que el expediente no investiga un error aislado: investiga una forma de ejercer el poder judicial. Y lo que aparece es una Justicia dura con los débiles, obediente con los poderosos y peligrosamente dispuesta a transformarse en brazo represivo de la política.
