02/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Visita al archivo de la ESMA CONADEP, 1984. Imagen: Archivo.
A medio siglo del golpe de Estado, la pregunta sigue intacta y brutal: ¿dónde están los archivos del terrorismo de Estado? El abogado Pablo Llonto volvió a sacudir a la justicia federal con una serie de presentaciones que apuntan directo al corazón del pacto de silencio militar. Documentos hubo, existen pruebas de que siguieron circulando incluso en democracia y, sin embargo, nadie explica si fueron robados, escondidos o deliberadamente borrados para garantizar la impunidad.
Jorge Rafael Videla lo dijo sin rodeos: la dictadura fue una “guerra de inteligencia”. No fue una metáfora. El espionaje, la tortura y los campos de concentración funcionaron como una maquinaria integrada que produjo información precisa sobre cada víctima. Nombres, seguimientos, destinos finales. Parte de ese material apareció con los años, pero la mayor porción sigue desaparecida, igual que los 30 mil.
Llonto puso el foco, esta vez, en la Fuerza Aérea. En una presentación realizada antes de la feria judicial, sostuvo que solo el hallazgo de los archivos de inteligencia permitirá reconstruir qué pasó con cada secuestrado, quiénes integraron los grupos de tareas y quiénes dieron las órdenes. La documentación —sostiene— fue recopilada entre 1976 y 1983 mediante torturas, infiltraciones y seguimientos sistemáticos a militantes, familiares y cualquiera señalado como “enemigo”.
La historia del encubrimiento es conocida y obscena. En octubre de 1983, a días del fin de la dictadura, Reynaldo Bignone firmó un decreto para “dar de baja” antecedentes de personas privadas de su libertad: un eufemismo para destruir pruebas. Un mes después, Cristino Nicolaides ordenó directamente la incineración de los archivos del Ejército. Pero los testimonios indican que mucho ya había sido microfilmado y puesto a resguardo.
Las pruebas aparecen, una y otra vez, como fantasmas que desmienten la versión oficial. Orestes Vaello, suboficial del Batallón de Inteligencia 601, se presentó ante la Conadep con órdenes escritas de secuestro: los estudiantes de la Noche de los Lápices figuraban como “blancos” de peligrosidad “mínima”. El Batallón 601, cerebro de la represión, tenía incluso una sección formal llamada Registro y Archivo. No era improvisación: era un sistema.
Llonto sostiene que esos archivos no se perdieron: fueron ocultados o robados. Cita el testimonio de Stella Segado, exdirectora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, quien declaró que en los años 90 se incendió “casualmente” parte del séptimo piso del Edificio Libertador, justo donde funcionaba la inteligencia del Ejército, después de que un juez ordenara preservar el lugar por la posible existencia de archivos de la represión.
Un exagente civil de inteligencia fue todavía más lejos: declaró que allí había información sobre Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini y organismos de derechos humanos. El espionaje no terminó con la dictadura: se recicló.
La Armada tampoco escapa. En 1986, ya en democracia, el jefe del Estado Mayor naval, Ramón Arosa, envió al juzgado federal de San Isidro documentación secreta sobre víctimas de la ESMA. Algunas fichas revelaban seguimientos a sobrevivientes incluso en 1985. La represión seguía mirando, anotando, vigilando.
Llonto aportó además una imagen demoledora: una foto tomada durante la visita de la Conadep a la ESMA en 1984 donde se ve, claramente, un archivo dentro del excentro clandestino. No era una sospecha: estaba ahí.
La investigación judicial, sin embargo, avanzó a paso de tortuga. El juez Sergio Torres abrió un legajo reservado; el fiscal Eduardo Taiano no mostró apuro. Los equipos de relevamiento creados en 2010 lograron aportar pruebas clave en más de 100 causas, hasta que fueron desmantelados. Primero Patricia Bullrich, luego Luis Petri: ambos eliminaron esos grupos con el argumento de que “carpeteaban” a las fuerzas. Lo que hacían, en realidad, era encontrar verdad.
También la SIDE —hoy AFI— guardó secretos. Durante gestiones anteriores se enviaron documentos valiosos a la justicia que confirmaban el rol del espionaje en la dictadura. El 24 de marzo pasado, el vocero Manuel Adorni anunció que Javier Milei desclasificaría toda la documentación en poder de la SIDE. Desde entonces, silencio absoluto.
A 50 años del golpe, la historia vuelve a golpear la puerta de los tribunales con una acusación simple y feroz: los archivos existieron, muchos sobrevivieron a la dictadura y alguien decidió que no salieran a la luz. Mientras esos papeles sigan ocultos, la democracia seguirá incompleta y la pregunta seguirá ardiendo: ¿quién se quedó con la verdad?
