09/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Campo arrasado, el ajuste de Milei expulsa a miles de familias y entrega la tierra a los grandes negocios. Imagen: Web.
Mientras el Gobierno habla de libertad y eficiencia, en el interior profundo se ejecuta una política de abandono planificado que está empujando a cientos de miles de agricultores familiares fuera del campo. La ausencia total del Estado bajo la administración de Javier Milei ya deterioró gravemente la calidad de vida de miles de familias rurales, en un proceso que apunta a un objetivo claro: vaciar el territorio para facilitar la concentración de la tierra en manos de empresas extranjeras y pooles locales.
Un informe demoledor del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar expone lo que el ajuste intenta ocultar: sin políticas públicas, sin financiamiento y sin presencia estatal, el campo se transforma en tierra de nadie. “Trabajamos en un territorio desarticulado, desfinanciado y sin herramientas para resolver conflictos básicos”, advierte el documento, que denuncia el abandono sistemático de productores por parte del Gobierno nacional.
La realidad es cruda. En Argentina existen cerca de 250.000 establecimientos agropecuarios, y casi el 64% pertenece a la agricultura familiar, el sector que produce alimentos para el mercado interno. Sin embargo, ese universo mayoritario ocupa apenas el 13% de la tierra. El resto se concentra en pocas manos. El modelo es claro: pocos dueños, menos productores, más negocios.
El Centro Jurídico, integrado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata y técnicos del INTA —ya sin respaldo institucional—, debió intervenir en 58 casos críticos vinculados a conflictos de tierra, desalojos, arrendamientos abusivos, problemas migratorios, violencia de género, acceso a salud, educación y jubilaciones. Todo esto en el Cordón Hortícola del sur del AMBA y el sudoeste bonaerense, zonas estratégicas para el abastecimiento de alimentos.
“El ajuste está empujando a las familias a la imposibilidad de acceder a derechos básicos”, advierte el Informe de Trabajo 2025. La relación es directa: menos Estado, más pobreza; menos políticas públicas, más expulsión del campo.
El ataque fue frontal. Desde el primer día, el gobierno de Milei desmanteló las áreas de agricultura familiar, degradó el Ministerio a Secretaría, vació programas y avanzó contra el INTCIPAFA, pilar técnico del sector. El resultado es una desarticulación territorial profunda. El proyecto libertario necesita un campo sin agricultores, sin chacareros, sin comunidades. Un desierto productivo listo para la especulación.
El ajuste no solo es económico: también es social y cultural. El informe denuncia un racismo emergente, con trabas crecientes para familias migrantes que trabajan la tierra. Obstáculos para escolarizar a sus hijos, para acceder a la salud y nuevas exigencias para regularizar la residencia. “Se vulneran derechos humanos básicos”, advierte el documento.
Eduardo González, coordinador del Centro Jurídico, lo resume sin eufemismos: “En 2025 se desplomó todo el tejido de protección estatal. Aparecieron sujetos empoderados por un discurso oficial que legitima la exclusión”. Directores de escuelas negando vacantes a hijos de trabajadores rurales, burocracia como castigo y un Estado que desaparece.
Las cifras confirman el desastre. Entre 2002 y 2018 se perdieron casi 100.000 establecimientos de agricultura familiar. Hoy, provincias como Jujuy, Formosa, Chaco y Catamarca dependen en más de un 70% de este tipo de producción. Sin embargo, el Gobierno avanza con recortes, cierre de centros estratégicos como el CIPAF y hasta el remate de tierras públicas.
El mensaje es brutal y explícito: no quieren productores, quieren tierra libre. No quieren familias, quieren negocios. El ajuste no es un error, es un plan. Y en el medio quedan miles de agricultores familiares, expulsados, empobrecidos y silenciados, mientras la tierra argentina se vuelve cada vez más ajena.
