14/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Jubilados en Argentina. Imagen: Web.
La actualización de las jubilaciones que el Gobierno nacional aplicará a partir de febrero dejó expuesta, una vez más, la brutal asimetría entre los precios y los ingresos de los adultos mayores. El incremento de 2,8 % en los haberes, determinado por la fórmula de movilidad vigente, arroja subas tan magras que ni siquiera alcanzan para cubrir los productos básicos más elementales de la canasta alimentaria.
Según cifras reconstruidas con el último dato de inflación oficial, para un jubilado que cobra la mínima el aumento será de apenas $9.780,38, una cifra que, en términos reales, se traduce en la posibilidad de comprar menos de dos kilos de pan francés o poco más de tres mantecas de 200 g. Bajo el ajuste que el Ejecutivo presume como una política de protección, la suba no sirve para recomponer el poder de compra erosionado por la inflación persistente.
Detrás de ese número mínimo hay una verdad incómoda para el Gobierno de Javier Milei: los ingresos de los jubilados siguen por debajo de los precios que ellos mismos celebran haber “controlado”. El haber mínimo —que con este 2,8 % ronda los $359.000— queda virtualmente pulverizado frente a un mercado donde los alimentos, las tarifas y los servicios continúan escalando sin freno. Incluso con un eventual bono extraordinario que rondaría los $70.000, el ingreso total apenas se ubicaría por encima de los $400.000, muy lejos de lo que se requiere para cubrir la canasta básica.
El propio esquema de movilidad, pretendido por el oficialismo como signo de “modernización” del sistema previsional, actúa ahora como una trampa que encadena los haberes a una inflación que los devora mes a mes. Mientras tanto, analistas sociales advierten que una parte significativa de jubilados vive con ingresos que no alcanzan siquiera para cubrir un tercio de la canasta básica para adultos mayores, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de los ajustes oficiales.
La situación, lejos de ser un número abstracto, impacta de lleno en la vida cotidiana de los jubilados: productos esenciales como carnes, lácteos, pan y alimentos frescos se ubican ahora fuera del alcance de quienes dependen de un haber que crece a ritmo de goteo. Esta realidad contrasta con la narrativa oficial, que sigue defendiendo la política de ajuste y la fórmula vigente pese a que el bolsillo de los jubilados no lo percibe.
La crítica se profundiza si se toma en cuenta que el ajuste previsional fue, en los hechos, una de las principales variables utilizadas para generar el superávit fiscal que el Gobierno exhibe como logro económico. En ese reparto de sacrificios, las jubilaciones quedaron en el ojo del huracán del ajuste, transformándose en una pieza clave para equilibrar las cuentas públicas, pero al costo de empobrecer aún más a los sectores vulnerables.
En resumen, el aumento de febrero dibuja una ecuación brutal: los jubilados reciben un incremento que, en términos reales, no les alcanza ni para cubrir lo más básico, mientras el relato oficial celebra cifras que, para millones, son sinónimo de ajuste y precariedad. El “alivio” que promete el Gobierno se desmorona apenas se lo traslada a la realidad palpable de la mesa de cada jubilado.
