14/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Alquileres. Imagen Web.
Mientras el Gobierno celebra una inflación general de poco más del 30 % anual, la realidad de los alquileres muestra otra película: en varias regiones del país los precios se escaparon por encima del 100 % en 2025, dejando a miles de hogares sin margen de maniobra frente a una crisis habitacional que se profundiza día a día. Los datos surgen de un informe de la organización Inquilinos Agrupados, que aporta la otra cara de una economía marcada por la desregulación y el desamparo estatal.
El fenómeno es consistente con el peso que el alquiler viene teniendo sobre los ingresos populares: en el Gran Buenos Aires el incremento fue de 70,8 %, en la región Pampeana de 83,1 %, mientras que en el Noreste y Noroeste los aumentos superaron el 100 % interanual. La Patagonia es el caso más extremo, con un salto de 120,3 %, casi cuatro veces por encima del índice general de precios.
Estos números desnudan una distorsión brutal entre el relato oficial —que habla de inflación “controlada”— y la vida cotidiana de quienes deben pagar un techo. Para un porcentaje creciente de inquilinos, el costo de la vivienda devora gran parte del salario, obligando a recortar gastos en alimentación, salud y educación o a acumular deudas para llegar a fin de mes.
El informe también detalla que la mayoría de los contratos se ajusta cada tres o cuatro meses, y que una proporción significativa aplica índices que terminan trasladando al inquilino una suba mayor que la propia inflación. En un país donde los ingresos reales vienen perdiendo terreno, esta situación se traduce en hogares que destinan gran parte de su presupuesto a mantenerse en una vivienda.
La crisis de los alquileres no sólo se mide en porcentajes. Los datos muestran que un cuarto de los hogares destina entre el 60 % y el 100 % de su salario al pago del alquiler, y que uno de cada seis hogares ha sufrido lo que se denomina un desalojo económico, es decir, la incapacidad de sostener el contrato vigente por el solo peso del aumento.
Este panorama coincide con un endurecimiento del mercado tras la derogación de la Ley de Alquileres por medio del Decreto 70/23, que eliminó las regulaciones existentes y dejó al sector prácticamente sin límites para fijar aumentos. El efecto fue un mercado más volátil, más caro y con menos protección para quienes alquilan.
En un contexto donde la inflación general es motivo de celebración oficial —con proyecciones del Gobierno que pretenden bajarla aún más en 2026— los alquileres cuentan otra historia, una que golpea fuerte en regiones como el Noroeste y la Patagonia, pero que también afecta al Gran Buenos Aires y la región Pampeana. Allí, la brecha entre la suba de los alquileres y el crecimiento de los ingresos convierte la búsqueda de vivienda en una carga insostenible para amplios sectores populares.
Lejos de ser un fenómeno aislado, esta escalada muestra cómo las políticas de desregulación y la falta de respuestas del Estado agravan la crisis habitacional, mientras cada vez más inquilinos deben sacrificar otras necesidades básicas para pagar el techo bajo el cual viven. La inflación de los alquileres no solo supera al índice general de precios: desnuda una realidad en la que la vivienda se vuelve inalcanzable para grandes capas de la población, dejando al descubierto los límites de un modelo económico que no logra cubrir las urgencias sociales.
