15/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Glaciar Perito Moreno. Imagen: Salta al Instante.
En las sombras de la reforma laboral y lejos de los reflectores económicos, el Gobierno de Javier Milei prepara otro tiro por elevación contra una conquista clave del ambiente argentino: la Ley de Glaciares. Lo que para el oficialismo es un ajuste técnico, para críticos y ambientalistas es una avanzada que abriría la puerta a la minería y a la privatización de nuestro recurso más estratégico: el agua.
La iniciativa que tiene dictamen en el Senado cambia la Ley 26.639, la norma que desde 2010 protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas vitales de agua dulce. Bajo el nuevo texto, los gobiernos provinciales podrían decidir qué cuerpos de hielo dejan de ser protegidos, con lo cual el organismo oficial encargado de registrarlos —el IANIGLA— quedaría obligado a eliminar del inventario nacional a los glaciares que las provincias consideren “no estratégicos”.
El giro no es menor: la ley vigente prohíbe la minería, la exploración hidrocarburífera, la construcción de obras que alteren el hielo o el manejo de sustancias tóxicas en esas zonas. Con los cambios, ese blindaje se diluye y queda a merced de las interpretaciones políticas provinciales y de los intereses del lobby minero que empuja desde hace tiempo por mayor apertura.
Organizaciones ambientales vienen advirtiendo que se trata de un retroceso brutal en materia de protección del agua para millones de argentinos, un recurso finito que los glaciares alimentan y regulan para el resto del país. Greenpeace, por ejemplo, calificó la modificación como un ataque directo a las reservas de agua dulce, y alertó que permitir actividades extractivas en zonas hoy vetadas por la ley podría poner en riesgo el acceso al agua para comunidades y ecosistemas enteros.
El proyecto cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias con fuerte presencia minera, sin distinción partidaria, y con la confianza del oficialismo de reunir los votos necesarios para avanzar cuando se abran las sesiones extraordinarias. Pero la oposición y numerosas organizaciones sociales denuncian que esta movida no es técnica, sino una entrega disfrazada de “federalismo ambiental” para habilitar negocios extractivos a costa del bien común.
En un país donde el agua dulce ya enfrenta estrés por la crisis climática y la pérdida acelerada de hielo en la Patagonia, meter mano a la norma que protege los glaciares no es un simple ajuste legal: es jugar con el futuro hídrico y con la vida misma de las generaciones que vienen.
