15/01/2026.- Salta al Instante.- Imagen: Ilustrativa.
En una causa que pone en evidencia cómo el circuito delictivo y la Justicia empiezan a chocar de frente en Salta, una mujer identificada como Leila Noelia Centeno fue condenada a prisión efectiva tras ser encontrada con elementos de origen delictivo producto de robos y hurtos en la ciudad. La decisión del juez Eduardo Sángarí marca que no quedará en simples tramites judiciales: seis meses de cárcel sin atenuantes y sin excusas para ir a casa.
La pesquisa comenzó con una denuncia por sustracción de ropa de un local comercial en la rotonda de Limache. Los propietarios alertaron que prendas desaparecían sin dejar rastro, bajo la modalidad conocida como descuidista. La fiscal penal interina Mónica Viazzi no se quedó de brazos cruzados, ordenó el allanamiento y, al irrumpir en el domicilio de Centeno, secuestraron siete teléfonos celulares cuya procedencia no pudo ser explicada por la acusada.
Pero la historia no termina ahí: entre esos aparatos secuestrados, luego se comprobó que al menos dos tenían un origen claramente delictivo —uno había sido robado en un boliche y otro en una feria en la zona sudeste de la ciudad—. Esas conexiones con hurtos concretos le quitaron cualquier posibilidad de defensa decorosa a Centeno y empujaron al juez a dictar prisión efectiva sin medias tintas.
La resolución se concretó en el marco de un juicio abreviado, aceptado por la propia acusada, lo que demuestra que la Justicia no está dispuesta a dejar pasar hechos que siguen alimentando la sensación de inseguridad en la provincia. Para la fiscalía, la condena al encubrimiento —tal como está tipificado en el artículo 277 inciso 3 del Código Penal— no es un simple trámite burocrático: es una advertencia clara de que detrás de los objetos hay una cadena de hechos que la sociedad reclama que se termine.
En una provincia donde los casos de robos y hurtos se cuentan por decenas, y en la que se multiplican condenas y allanamientos, el fallo contra Centeno aparece como ejemplo de mano firme contra quienes colaboran o se benefician de bienes robados, aunque la pena todavía genere debate sobre si es proporcional o no frente a la percepción de impunidad que muchos vecinos sienten en su vida cotidiana.
