17/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Glaciar Perito Moreno. Imagen: Salta al Instante.
En un giro que convoca la alarma de ambientalistas, científicos y comunidades de todo el país, el Gobierno de Javier Milei vuelve a apuntar contra el pulmón hídrico de la Argentina: ahora quiere desarmar la Ley de Glaciares, poniendo en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce que sostienen la vida y el desarrollo en vastas regiones del país.
Mientras intenta imponer una reforma laboral que genera rechazo social y fracturas políticas, el oficialismo mete de contrabando un proyecto que redefine qué glaciares quedan protegidos y entrega a las provincias la llave de su propio desguace ambiental. La modificación pretende permitir que gobiernos provinciales decidan qué masas de hielo quedan fuera del Inventario Nacional de Glaciares, allanando el camino para actividades extractivas como la minería y la explotación de recursos que antes estaban prohibidas.
El cambio, impulsado con el aval de gobernadores de provincias mineras y en sintonía con el lobby corporativo extractivo, es visto por activistas como una claudicación histórica ante los intereses económicos que quieren lucrar con el agua y la tierra de todos.
Organizaciones como Greenpeace alertan que la modificación no solo debilita normas ambientales fundamentales, sino que expone a las reservas de agua potable a un riesgo extraordinario, justo cuando los efectos del cambio climático aceleran el retroceso de los glaciares andinos. “Sin glaciares, no hay agua; sin agua, no hay futuro para la Argentina”, advierten con firmeza desde la ONG ambiental.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, fue un hito que declaró a los glaciares y ambientes periglaciares como bienes públicos estratégicos de agua dulce, convirtiéndolos en barreras legales contra actividades que los amenacen. Lo que ahora propone el Ejecutivo es vaciar de contenido esa protección histórica, subordinando la conservación al criterio productivista y abriendo una puerta peligrosa hacia la explotación indiscriminada.
La discusión no es técnica ni menor: pone sobre la mesa la supervivencia del agua como recurso esencial para generaciones presentes y futuras, justo en un contexto global de estrés hídrico y profundas crisis ecológicas.
En los próximos días, cuando el proyecto llegue al Senado bajo presión política y mediática, la pulseada entre quienes quieren defender el agua como patrimonio nacional y quienes empujan por su entrega a intereses extractivos y sectoriales promete convertirse en una de las batallas más crudas del año legislativo.
