23/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Marcha contra la Reforma Laboral de Milei.
El gobierno de Javier Milei decidió adelantar por decreto una reforma laboral de hecho, más allá de los debates parlamentarios, e imponer desde febrero una nueva tabla de evaluación de incapacidades laborales que recorta las indemnizaciones y beneficia directamente a las aseguradoras y las grandes patronales, según críticas de juristas laboralistas y gremios que ya alertan sobre un ataque directo a los derechos de los trabajadores.
La modificación fue aprobada meses atrás mediante el Decreto 549/2025 y, pese a pasar prácticamente desapercibida en su publicación oficial, entrará en vigor el 2 de febrero, justo cuando el oficialismo pretende apurar sus otros cambios clave a través de sesiones extraordinarias en el Congreso.
Lo que hasta ahora se vendía como una futura reforma laboral a discutirse en la Cámara baja pasó, por la ventana del decreto, a transformar las reglas del juego: la nueva tabla excluye patologías frecuentes como cervicalgias o lumbalgias, reduce drásticamente los porcentajes de incapacidad reconocidos para lesiones y enfermedades comunes, y deja a los trabajadores sin compensaciones que antes eran habituales.
Abogados laborales señalan que esta actualización no se sustenta en criterios técnicos ni médicos serios, que favorece a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) —asociadas a intereses empresariales— y que puede multiplicar la litigiosidad porque obliga a reclamar judicialmente lo que en el sistema anterior se obtenía con claridad.
El decreto tiene efecto retroactivo, lo que significa que se aplicará incluso a casos iniciados bajo la normativa anterior y que aún no cuentan con dictamen firme, lo que ha generado demoras deliberadas en las resoluciones médicas de la SRT para esperar el cambio de reglas.
Este avance paralelo se da en un contexto de presión sindical y resistencia gremial: la CGT y otros sindicatos ya preparan acciones conjuntas contra las modificaciones, denunciando que la reforma laboral oficial busca precarizar las condiciones de trabajo, limitar derechos colectivos y reconfigurar la negociación con los trabajadores a favor de las empresas.
Mientras el Ejecutivo coordina sesiones extraordinarias y empuja su agenda en el Parlamento para sancionar otros aspectos de la reforma laboral en febrero, esta maniobra por decreto pasa por encima del proceso legislativo esperado, deslizando un cambio profundo en la legislación laboral sin el debate público que correspondería.
El resultado es una embestida legal y política contra los derechos laborales, que no solo recorta compensaciones sino que redefine los términos de la relación entre trabajador y empleador en un país donde la informalidad y la precariedad ya tocan niveles críticos, y donde los sindicatos alertan que lo que se avecina podría significar una regresión de décadas en las conquistas laborales argentinas.
