30/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Mientras la Patagonia arde, el Estado aparece con un DNU.
La tragedia ambiental que consume vastas porciones de la Patagonia argentina levantó esta semana una cortina de humo sobre la política nacional. Cincuenta días después de que los incendios forestales se expandieran sin control, el Gobierno nacional decretó la “Emergencia Ígnea” para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, como respuesta tardía a un desastre que las comunidades vienen sufriendo desde inicios de enero.
Lo que las autoridades presentan como una medida urgente para enfrentar el fuego, llega tras semanas de negación e inacción, un gesto simbólico en un contexto en el que decenas de miles de hectáreas ya fueron devoradas por las llamas. El anuncio oficial coincidió con la difusión de partidas multimillonarias para bomberos voluntarios —recursos que en realidad proceden de fondos ya recaudados que el propio Gobierno mantuvo oprimidos en su afán por exhibir un supuesto “superávit fiscal”.
La firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fue presentada como una herramienta para agilizar recursos y respaldo logístico, pero llega después de semanas en las que las comunidades, vecinas y brigadistas se vieron forzados a combatir el fuego casi sin apoyo estatal efectivo.
En Chubut, provincia epicentro del desastre, las llamas arrasaron bosques milenarios, patrimonio natural y cercaron localidades enteras, obligando a vecinos a organizarse con sus propios medios para defender sus casas y vidas ante la insuficiencia de brigadas oficiales.
Gobernadores patagónicos, que durante semanas exigieron al Poder Ejecutivo que declare la emergencia y libere recursos, recibieron finalmente el decreto. Pero la sensación en la región es que la medida llega más como respuesta a la presión política que como una verdadera estrategia de combate.
El contraste entre el drama ambiental y la priorización de otras agendas políticas se volvió imposible de ignorar: mientras la Patagonia ardía, el Gobierno nacional debatía reformas laborales y otras iniciativas antes que atender una crisis que, para muchas comunidades, ya se convirtió en catástrofe.
La “Emergencia Ígnea” decretada por el Ejecutivo incluye la transferencia de fondos y la habilitación de mecanismos administrativos acelerados. Pero para muchos la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué no se actuó con anticipación, cuando los primeros focos empezaron a crecer y las advertencias científicas y sociales eran claras? La Patagonia arde, y la respuesta del Estado empezó tarde —y con ambiciones por ahora más simbólicas que efectivas.
