30/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
En un escenario donde el Gobierno apuesta todo al discurso de mano dura para esconder su incapacidad para enfrentar la inseguridad real, el debate sobre bajar la edad de imputabilidad penal a 13 años —y hasta a 12, como propone parte del gabinete— se erige como la próxima bala de plata política para seducir al electorado temeroso. Pero la data oficial y los informes serios desmontan el relato punitivo y muestran una realidad muy distinta a la que el oficialismo quiere imponer en el imaginario colectivo.
Los números oficiales no mienten: los hechos delictivos cometidos por menores no han explotado, por el contrario, se desplomaron en más de un 60 % en la última década en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país. Entre 2014 y 2024 las causas contra adolescentes cayeron de casi 4.600 a menos de 1.800 al año.
Incluso cuando se habla de homicidios —el delito más temido por la sociedad— apenas un 2 % de las condenas por asesinato en todo el país fueron dictadas contra menores de edad, según datos de la propia Secretaría de Niñez y Adolescencia.
A contramano de las falaces predicciones alarmistas que impulsan la reforma, los casos que efectivamente llegan a juicio son una ínfima minoría: de las más de 22.000 investigaciones penales abiertas contra menores en 2024, solo 1.446 (menos del 7 %) tuvieron suficientes elementos para avanzar a juicio, y 708 fueron cerrados por tratarse de chicos menores de 16 años.
Mientras tanto, el discurso oficial —que ahora hasta imagina bajar la imputabilidad a 12 años según la propia ministra de Seguridad— se sostiene casi exclusivamente sobre el “impacto emocional” de casos aislados, amplificados por los medios y explotados políticamente.
Por si fuera poco, el sistema de encierro juvenil, lejos de ser una respuesta eficaz, es un escándalo de hacinamiento, malos tratos y torturas sistemáticas, según múltiples informes de organismos de derechos humanos, incluyendo el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El informe de 2024 detectó suicidios e intentos de suicidio en comisarías y centros de régimen cerrado, prácticas prohibidas y un sistema que desborda sus límites sin dar respuestas humanas o rehabilitadoras.
La propuesta oficial tampoco contempla inversiones reales para mejorar las condiciones de detención o crear centros especializados dignos: no hay partida presupuestaria específica, sino una mera instrucción para que el jefe de Gabinete “reasigne partidas” como se hizo con otros recortes urgentes.
En síntesis, la aritmética de los hechos no sostiene la narrativa de crisis desbordada que vende el Gobierno. Lo que hay es una estrategia política de confrontación y endurecimiento, basada en miedo y titulares sensacionalistas, que pretende convertir a niños y adolescentes en chivos expiatorios de problemas estructurales que ningún endurecimiento penal ha resuelto.
Si bajaran la edad de imputabilidad, la Argentina no enfrentaría mejor la inseguridad: solo profundizaría un ciclo punitivo que castiga sin abordar las causas reales, fragmenta comunidades y expande un sistema penal juvenil ya colapsado.
