30/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Patricia Bullrich. Web.
En una nueva muestra de impunidad política y revisionismo de Estado, Patricia Bullrich —ex ministra de Seguridad y actual referente duro del oficialismo— volvió a defender sin rubor el accionar del gendarme Héctor Guerrero, acusado de haber **disparado un proyectil de gas lacrimógeno que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo gravemente herido durante una protesta.
La ex titular del área de seguridad del gobierno nacional afirmó, con una frialdad que escandaliza a la opinión pública, que no hubo intención de herir a nadie y que “el gas fue tirado de manera correcta”, sosteniendo que el operativo fue legítimo para “parar la violencia”.
Pero la causa dice lo contrario: la justicia federal ya confirmó el procesamiento de Guerrero por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y de armas, luego de que las pericias y análisis de material audiovisual revelaran que el disparo se realizó en forma horizontal y antirreglamentaria, precisamente en dirección al cuerpo de Grillo.
Bullrich, lejos de retroceder ante la evidencia, empuja una doctrina represiva que normaliza la violencia estatal: “No tenés que mirar la consecuencia, sino si tu acción fue correcta”, sentenció respecto del ataque que casi le cuesta la vida al fotógrafo.
La defensa oficialista recurrió una y otra vez a argumentos que minimizan el hecho, incluso aludiendo a supuestos “accidentes” derivados del rebote del proyectil, o tratando de describir a Grillo como parte del conflicto mismo.
La respuesta de la familia Grillo fue inmediata y contundente: calificaron las declaraciones de Bullrich como “una inmoralidad absoluta” y denunciaron que el Gobierno y los voceros oficiales no solo desdicen la verdad, sino que continúan hostigando a Pablo y a su entorno en lugar de reconocer responsabilidades y garantizar justicia.
Este episodio, que se inscribe en un patrón más amplio de represión estatal —con represión duplicada en protestas y aumento de heridos y detenciones arbitrarias en 2025— expone una política de seguridad cada vez más leniente con abusos de fuerza y menos responsable ante las víctimas.
En medio de un clima donde las relaciones entre poder político, fuerzas de seguridad y derechos civiles están tensas al límite, la defensa del accionar de Guerrero por parte de Bullrich no es solo polémica: es una reafirmación de un modelo represivo que pone en jaque la defensa de la libertad de expresión, la protesta social y el trabajo periodístico en la Argentina contemporánea.
