02/02/2026.- Salta al Instante. Foto portada: Glaciar Perito Moreno. Imagen: Martin Katz /Greenpeace.
Mientras el Senado se prepara para debatir la reforma en sesiones extraordinarias, científicos, ambientalistas y organizaciones sociales alertan que la modificación desmantela protecciones históricas y entrega el control del agua a provincias y sectores extractivos.
El Gobierno de Javier Milei ha reavivado un plan que tiene en vilo a todo el país: modificar la Ley de Glaciares, la norma que desde 2010 protege como estratégicas las reservas de agua dulce almacenadas en los glaciares y sus ambientes periglaciales. La iniciativa, que ya fue enviada al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, supone un cambio profundo en los criterios de protección ambiental y, según críticos, pone directamente en riesgo el agua de millones de argentinos.
La Ley 26.639 vigente obliga al Estado nacional y a todas las jurisdicciones a proteger todos los tipos de glaciares como reservas de agua dulce. Bajo el proyecto impulsado por el Ejecutivo, esa protección dejaría de ser universal: solo serían resguardados aquellos que cumplan criterios de “relevancia hídrica”, mientras que el resto quedaría a criterio de las provincias, con un peso mayor para decisiones locales sobre qué proteger y qué permitir explotar.
Además, la reforma desactiva funciones clave del Inventario Nacional de Glaciares y transfiere facultades de evaluación de impacto ambiental a autoridades provinciales, borrando barreras que hasta ahora frenaban actividades de alto impacto como la minería en zonas sensibles. Bajo ese nuevo esquema, áreas antes intocables podrían quedar expuestas a exploración minera, extracción de litio, cobre y otras actividades extractivas que consumen y contaminan enormes cantidades de agua, según denuncias de organizaciones ambientales.
La polémica no es menor: para científicos y defensores del ambiente, este proyecto representa un retroceso de décadas de protección legal, con consecuencias directas sobre el acceso al agua, la recarga de cuencas hidrográficas y la supervivencia de ecosistemas que sostienen a comunidades en regiones áridas del país. La Academia Argentina de Ciencias del Ambiente advirtió que la modificación podría “afectar la disponibilidad de agua” y pidió al Senado que no avance con la reforma.
Organizaciones como Greenpeace, FARN, Asamblea Jáchal No Se Toca y otras han lanzado una alarma nacional, publicando documentos y comunicados conjuntos que señalan a la modificación como una amenaza directa al derecho al agua y a la protección constitucional del ambiente. “Modificar la Ley de Glaciares equivale a habilitar en ecosistemas vulnerables actividades económicas con alto impacto ambiental, incluida la minería de gran escala”, señalaron en un texto conjunto.
El proyecto también ha sido interpretado por críticos como una cesión al lobby de provincias con fuertes intereses mineros, que desde hace años presionan para redefinir el concepto de “ambiente periglacial” y permitir inversiones extractivas que actualmente están frenadas por la normativa ambiental.
Para sus impulsores oficiales, la reforma es una forma de “ordenar” el régimen legal y otorgar mayor autonomía federal a las provincias. Sin embargo, el debate legislativo ha generado una oposición transversal de científicos, organizaciones sociales y sectores de la sociedad civil que consideran que entregar el agua como recurso estratégico a criterios políticos y económicos provinciales pone en jaque el desarrollo sostenible y la vida misma.
Si se aprueba tal como está hoy planteada, la modificación de la Ley de Glaciares no sería solo un cambio técnico: sería una bisagra histórica en la cual las reservas de agua dulce del país, tan esenciales como frágiles, quedarían expuestas a la voracidad extractiva y a decisiones de corto plazo, con impactos que podrían ser irreversibles.
