03/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Guillermo Madero y Carlos Presti. Imagen: Redes Sociales.
En un giro que desató una fuerte polémica, el Ministerio de Defensa de la Nación lanzó una ofensiva frontal contra los juicios por delitos de lesa humanidad, poniendo en duda, sin sutilezas, la legitimidad de las investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado de hace cinco décadas.
La voz de la embestida fue Guillermo Madero, colaborador cercano del ministro Carlos Presti, quien cuestionó con dureza que los tribunales se ocupen de hechos que ocurrieron “hace 50 años”, en un marco que muchos interpretan como una intención política de relativizar y minimizar los crímenes de la dictadura cívico-militar.
El ataque no es un dato menor: en un año emblemático para la memoria —a medio siglo del golpe de Estado— el máximo órgano castrense decidió poner en tela de juicio el trabajo de los juzgados federales que llevan adelante estos procesos, justo cuando organismos de derechos humanos y víctimas reclaman que se garantice la continuidad y profundidad de las causas.
La ofensiva del Ministerio de Defensa se suma a otras señales preocupantes en el mismo sentido: sectores afines al Gobierno han repetido discursos que buscan presentar estos juicios como una “carga” para el sistema judicial, argumentando que la justicia está “colmada” de expedientes por hechos de lesa humanidad —una lectura que ya fue desmentida por estadísticas oficiales sobre el ritmo y los resultados de estos procesos judiciales.
Para sectores de derechos humanos y operadores judiciales esta ofensiva no es una simple crítica técnica, sino un intento por socavar la memoria colectiva y la búsqueda de verdad y justicia, especialmente en un momento simbólico para el país, cuando se esperaba que las políticas de memoria se robustecieran en lugar de verse debilitadas por las posturas oficiales.
