03/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei y Karina Milei en el Congreso. Imagen: Web.
En un nuevo episodio de tensión política en Casa Rosada, el Gobierno de Javier Milei intenta imponer una fecha tope para debatir la polémica reforma laboral en el Senado —el miércoles 11 de febrero— sin haber logrado aún un acuerdo sólido con los gobernadores provinciales, cuyos votos son clave para que la iniciativa reciba media sanción.
A pesar de la determinación oficial de mantener la sesión el 11 y avanzar con el proyecto que busca “modernizar” las normas laborales, las negociaciones con los mandatarios provinciales siguen trabadas, especialmente por el artículo que modifica el impuesto a las ganancias de sociedades, que podría quitar entre 1.000 y 1.500 millones de pesos anuales de coparticipación a las provincias. Los gobernadores exigen compensaciones y no están dispuestos a aceptar la letra del texto sin garantías claras de resarcimiento.
En la Casa Rosada, la mesa política que debe definir los pasos a seguir reunió a ministros clave —entre ellos el jefe de gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich— pero no hubo cierre de negociaciones ni señales de un consenso que garantice los votos necesarios. Según fuentes oficiales, el propio Milei y sus equipos sostienen que no piensan cambiar de manera sustancial el proyecto, mientras que los gobernadores preparan una contrapropuesta exigente.
El episodio expone una paradoja crítica del plan político del oficialismo: forzar una sesión sin acuerdos podría desgastar aún más la ya frágil coalición que sostiene al Gobierno en el Congreso, especialmente cuando Patricia Bullrich trabaja para consolidar un bloque de 44 senadores aliados, cuyos votos todavía no están asegurados.
Mientras tanto, los mandatarios provinciales discuten internamente cómo responder a un proyecto que pone en riesgo sus recursos fiscales, y advierten que no aceptarán recortes unilaterales sin acuerdos de compensación firmes. La incertidumbre crece y, sobre el tablero, la reforma laboral —presentada como una prioridad para destrabar el “mercado de trabajo”— corre el riesgo de convertirse en una batalla política que termine retrasando todo el plan legislativo del Ejecutivo.
En los pasillos del poder, muchos hablan de una decisión apresurada: fijar una fecha sin votos no solo pone en jaque la estrategia del Gobierno, sino que electrifica la discusión política en un país ya tensionado por reformas estructurales y resistencias territoriales.
