05/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Web.
Cuando la Casa Rosada mira sus cuentas, hay una palabra que define el presente fiscal del país: recorte. No es un término técnico ni una abstracción contable: es medio billón de pesos que dejaron de recibir las provincias argentinas en apenas tres meses, dinero que debería haber llegado por coparticipación y que, en cambio, quedó en el Estado nacional para fortalecer el ajuste fiscal.
De noviembre a enero, el gobierno giró 533 mil millones de pesos menos en términos reales que en el mismo período del año anterior. Un giro ahora maquillado por cifras nominales que suben a primera vista —entre 25% y 33% en términos de bolsillo— pero que, una vez ajustados por inflación, se traducen en pérdidas reales para casi todas las jurisdicciones del país.
Córdoba y Santa Fe: eje de la sangría fiscal
Entre las 24 provincias, 23 quedaron con menos recursos reales que antes. Pero el castigo fue desigual: Córdoba y Santa Fe, dos de los distritos más grandes del país, absorbieron el golpe más duro, sufriendo juntas una merma superior a los 130 mil millones de pesos. Esa cifra no es anecdótica: equivale a casi un quinto de toda la masa coparticipable que el gobierno decidió retener para sí.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no escapó al ajuste: también sufrió una caída real del 4,6% de sus fondos, lo que en términos nominales equivale a una pérdida de 17,7 mil millones de pesos en este trimestre.
La discrecionalidad como regla
Una paradoja exhibe el mapa del recorte: Salta fue la única provincia que terminó con más recursos reales que antes, recibiendo 4,4 mil millones de pesos adicionales en términos ajustados. Le siguieron territorios como Neuquén, con apenas un 0,7% de caída real, mientras que Mendoza y Misiones, gobernadas por aliados políticos del oficialismo, también se ubican entre las menos perjudicadas.
No es casualidad: la coparticipación, más allá de su fórmula constitucional, está siendo manejada con discrecionalidad política desde el centro. El resultado es un reparto que castiga a algunas provincias y privilegia a otras, sin que el criterio sea la justicia fiscal sino la afinidad política con el gobierno nacional.
Una crisis que agrava la tensión fiscal y política
Este recorte masivo de recursos llega en un contexto donde la recaudación nacional también se desploma en términos reales, presionando aún más las arcas provinciales y tensando la negociación por temas clave como la reforma laboral o la discusión impositiva.
La situación financiera de los gobernadores, entonces, no es solo un número en un balance: significa menos plata para pagar salarios, menos inversión social, menos obra pública y un ajuste que pega fuerte en la vida cotidiana. Y mientras las provincias reclaman y algunos mandatarios buscan contraargumentos legales o políticos, desde el poder central se repite la consigna del ajuste y el equilibrio fiscal como si fueran cosas abstractas ajenas al deterioro del federalismo.
