07/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
El juicio oral por la llamada Causa Cuadernos, uno de los procesos judiciales más resonantes de las últimas décadas en Argentina por presunta corrupción en la obra pública, ingresó en una etapa de alta tensión procesal tras el reinicio de las audiencias luego de la feria judicial. La defensa de los principales acusados ha concentrado sus esfuerzos en intentar la anulación total o parcial del proceso, al tiempo que surgieron nuevas complicaciones con denuncias penales conexas que ponen en cuestión las pruebas centrales del expediente.
El juicio, que comenzó en noviembre de 2025 en el Tribunal Oral Federal Número 7 y tiene como principal imputada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a exfuncionarios y empresarios, fue reabierto formalmente a principios de febrero de 2026 con las defensas ocupando la escena central de la audiencia. Allí, los abogados plantearon una serie de cuestiones preliminares de nulidad, en algunos casos solicitando que se declare inválido todo el proceso desde su origen.
El fundamento principal de estas defensas es que la causa habría sido “nacida de un engaño” y viciada desde sus cimientos por prácticas como el forum shopping —la elección de jueces y fiscal a través de contactos previos con la prueba— y la utilización de testimonios de arrepentidos que, según los defensores, fueron obtenidos bajo presión o con promesas indebidas. El letrado de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, describió el proceso como plagado de irregularidades y pidió la nulidad con base en la supuesta manipulación del sistema judicial para favorecer una investigación preconfigurada.
Estas defensas integrales no se limitaron a cuestionar la apertura del juicio, sino que también solicitaron la inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido y el apartamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte querellante por supuestas irregularidades en su actuación. A su vez, otros defensores pusieron en duda la validez de los cuadernos mismos, argumentando que quedaron demostradas adulteraciones en los manuscritos ahora clave para la acusación.
En ese contexto, la causa se complejizó aún más con la denuncia penal contra el exchofer y arrepentido Oscar Centeno, pieza central de la causa histórica por haber registrado en sus anotaciones presuntos pagos de coimas. Según la presentación realizada por los abogados de Roberto Baratta —ex número dos del Ministerio de Planificación Federal—, Centeno habría incurrido en falso testimonio con cohecho, al haber ofrecido versiones contradictorias sobre la existencia y custodia de los cuadernos: primero afirmó tenerlos en su casa, luego que los había guardado, y más tarde que los había quemado, mientras que finalmente siete de los ocho cuadernos aparecieron antes de las elecciones presidenciales de 2019. Esta denuncia fue impulsada ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi y podría tener impacto en la fuerza probatoria de uno de los elementos más relevantes del juicio.
En paralelo, existe una causa conexa vinculada a la adulteración de los cuadernos por parte del expolicía Jorge Bacigalupo —quien fue procesado en una causa paralela por encubrimiento agravado y falsificación de documentos públicos y apeló ese procesamiento ante la Cámara Federal porteña—. Ese expediente paralelo resalta que las manipulaciones identificadas en la escritura de los cuadernos podrían socavar la fiabilidad de la prueba documental que sostiene el núcleo de la acusación fiscal.
El calendario procesal prevé que a fines de febrero de 2026, una vez concluidos los alegatos de todas las defensas, la fiscalía y las partes querellantes responderán a los planteos de nulidad. El Tribunal Oral Federal 7 —integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli— tendrá entonces que decidir sobre la validez o no de esos planteos. Si los rechazara, el juicio continuará en su ritmo normal; si aceptara alguno de ellos, el proceso podría sufrir un vuelco radical, incluso llegar a una caída parcial o total del juicio.
La causa Cuadernos no es un caso menor: con 87 imputados, la fiscalía acusa a exfuncionarios, empresarios y operadores de haber conformado una red de coimas históricas durante los gobiernos kirchneristas, sustentadas en miles de testimonios, documentos y evidencia que incluye declaraciones de arrepentidos y registros financieros. Lo que está en juego en la etapa actual es la fortaleza de ese andamiaje probatorio y la legitimidad del proceso judicial en sí, en un momento de tensión entre sectores del Poder Judicial y defensas que sostienen que se ha vulnerado el debido proceso desde el inicio.
Este desarrollo se produce en el marco más amplio de debates sobre la justicia penal argentina, donde la consolidación de causas por corrupción y la discusión sobre mecanismos como la Ley del Arrepentido siguen siendo puntos de fuerte controversia política y jurídica.
