07/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Servicio militar voluntario en Argentina. Imagen: Archivo.
El Gobierno nacional consumó ayer un paso de enorme impacto político y social: disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la obra social que desde hace décadas brindaba cobertura médica a efectivos, retirados y sus familias. La medida se inscribe en el paquete de profundas reformas administrativas y de austeridad que el Poder Ejecutivo viene impulsando con aceleración, y que ahora tiene una víctima directa: el sistema de salud específico para las Fuerzas Armadas. El decreto firmado por el presidente y el gabinete no es un simple ajuste técnico; implica la reconfiguración de derechos laborales y previsionales para un sector que hasta ahora funcionaba con autonomía dentro del sistema de seguridad social.
La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto de restricciones fiscales extremas, donde cada erario estatal es escudriñado como si fuera un pozo sin fondo. Pero la disolución de IOSFA no es neutral: impacta directamente en la vida de miles de afiliados que ahora quedan a merced de la “racionalización” del sistema de salud pública y privada. El anuncio quebranta, además, un núcleo de derechos adquiridos bajo normas que garantizaban la atención médica y farmacológica de personal que puso años de servicios al Estado. La lógica oficial —ahora refrendada en decreto— es que la obra social era “ineficiente” y “costosa”, una lectura puramente contable que ignora el valor social y la función sanitaria que cumplía desde su creación.
La reacción entre sindicatos vinculados a las Fuerzas Armadas, como UPCN y ATE en las reparticiones castrenses, no se hizo esperar: calificaron la medida como un ataque directo a la seguridad social de los trabajadores del Estado, y denunciaron que no hubo diálogo previo con las organizaciones que representan a los afiliados. Para esos sectores, la disolución de IOSFA no se justifica por criterios de eficiencia sino por una visión ideológica de Estado mínimo que desplaza derechos hacia lógicas de mercado. La amenaza, sostienen, es que esta iniciativa siente un precedente para desarmar otros regímenes especiales dentro del sistema previsional y de salud, extendiendo la lógica del ajuste a conquistas que hasta ahora se consideraban blindadas.
El impacto de la medida atraviesa a militares en actividad y retirados, pero también a miles de familiares, esposas, hijos y jubilados que ven tambalear un esquema de cobertura que no siempre puede ser reemplazado fácilmente por el mercado de obras sociales privadas. IOSFA, con sus hospitales propios y centros de atención, funcionaba como una red paralela con capacidad instalada que ahora queda en un limbo jurídico y administrativo. El pase forzoso de afiliados hacia otras obras sociales —según disponen los decretos reglamentarios— está planteado sin mayores garantías ni mecanismos de transición que aseguren la continuidad de tratamientos crónicos ni acceso a medicamentos de alto costo. Para sectores médicos y profesionales de la salud que trabajaban en la obra social, esto constituye una ruptura abrupta de marcos institucionales que atendían necesidades de larga data.
La administración oficial intenta presentar la medida como parte de una reforma integral del sistema de seguridad social, aunque las críticas vienen desde diversos sectores políticos y sociales. Diputados de la oposición calificaron la disolución como una ofensiva que desfinancia derechos laborales y de seguridad social, y alertaron sobre el “efecto dominó” que esta lógica podría tener sobre otras obras sociales específicas, como las del sistema ferroviario, aeronáutico o estatal en general. Para dirigentes sindicales, se trata de un paso más en la ofensiva del Gobierno por minimizar la presencia del Estado en la garantía de derechos básicos, desplazando a los privados como el nuevo eje de provisión de servicios esenciales.
La discusión excede el terreno de la economía: entra de lleno en el terreno de la política de alianzas y de la reconfiguración del rol del Estado. Sectores militares retirados, que hasta ahora habían mantenido una posición de relativa neutralidad política, salieron a cuestionar públicamente la medida, advirtiendo que la disolución de IOSFA no solo afecta el acceso a la salud sino que también rompe con compromisos asumidos por el Estado ante el personal de las Fuerzas Armadas. Esta fractura desmiente cualquier relato oficial acerca de que la medida “no altera derechos adquiridos”, y pone en evidencia que la política de ajuste va en serio y no excluye ningún ámbito de la administración estatal.
El tono de la decisión también expone un estilo de gobierno que no teme confrontar con sentidos comunes y lógicas institucionales establecidas. El ajuste es presentado como “innovación” y la racionalización como “modernización”, aunque para quienes deberán enfrentar las consecuencias cotidianas la palabra innovación suena a recorte de derechos y la idea de modernizar se parece mucho a privatizar por la puerta de atrás. La disolución de IOSFA, con su impacto inmediato sobre millones de afiliados y su proyección más amplia sobre la estructura de seguridad social del Estado, se perfila como uno de los movimientos de mayor calado político de este inicio de gestión, con efectos que prometen resonar en otros ámbitos clave de la trama estatal y sindical.
