09/02/2026.- Salta al Instante.- Por Daniel Sánchez.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El Gobierno de Javier Milei no sólo intenta domesticar la economía real, sino también reconfigurar la percepción misma de esa realidad. La polémica por la no actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no es una discusión técnica menor: es un recurso deliberado para ocultar la verdadera magnitud de la inflación y sostener un discurso de “estabilidad” que no se condice con la experiencia social cotidiana.
Desde el inicio de la gestión, el Gobierno decidió no implementar un nuevo cálculo del IPC basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, a pesar de que dicho índice está disponible desde hace años. La razón oficial esgrimida ha sido evitar “errores de interpretación”. Pero detrás de esa excusa se esconde una estrategia clara: mantener un índice que subestima la realidad para reducir las erogaciones por ajustes automáticos de jubilaciones, asignaciones y otros gastos indexados, y así exhibir un equilibrio fiscal aparente.
El uso de una canasta de consumo obsoleta implica un sesgo sistemático a la baja en la medición de precios: consultoras técnicas estiman que la inflación real acumulada podría estar entre 15 y 30 puntos porcentuales por encima de lo que refleja el índice vigente, y cálculos recientes sitúan esa brecha en más de 16 puntos. Este maquillaje estadístico no sólo erosiona el poder de compra de trabajadores y jubilados: funciona como un salvavidas para las cuentas públicas, al rebajar la actualización de prestaciones sociales y aliviar artificialmente el gasto indexado.
La magnitud de este ajuste es significativa: según estimaciones del Banco Provincia, la decisión de no adoptar el nuevo IPC representa un “ahorro” de alrededor de 5 billones de pesos en menores aumentos de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros pagos indexados, equivalente a casi medio punto del Producto Bruto Interno. Sin embargo, este alivio fiscal no es inocuo ni neutral: significa directamente que millones de argentinos ven cómo sus ingresos pierden valor en un contexto de precios que suben más rápido que las cifras oficiales.
Lejos de disiparse, la crisis de credibilidad estadística se agrava en paralelo con la caída de la recaudación y la fragilidad fiscal: el arranque de 2026 fue el peor en términos reales para los ingresos del Estado en más de una década, poniendo en evidencia que la estrategia de sostenimiento del relato no está respaldada por una economía sólida.
La renuncia del director del INDEC, seguida por la decisión de postergar indefinidamente la actualización del IPC, fue vista por analistas y sectores críticos como un síntoma más de intervencionismo político en el organismo estadístico, con el objetivo de preservar cifras que sostengan la narrativa oficial de control inflacionario cuando, en los hechos, los números alternativos y las experiencias de consumo diario cuentan otra historia más cruda y lesiva para los sectores populares.
Que la inflación real se oculte detrás de números maquillados no es un detalle técnico: es una decisión política con consecuencias distributivas profundas. Cuando un índice oficial se transforma en herramienta de propaganda y al mismo tiempo reduce derechos de quienes más dependen de sus actualizaciones automáticas, no se está ante un proceso estadístico neutro, sino frente a un espejismo que intenta disfrazar la magnitud de una crisis que atraviesa el bolsillo de la mayoría.
