09/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Familiares y amigos de «Niti» Cuéllar afuera de la fiscalía de Joaquín. V. González.
Una vez más, la sombra de la violencia institucional se instaló en Salta. La muerte de Nity Cuéllar, un hombre detenido en la Comisaría Primera de Joaquín V. González, desencadenó un nuevo reclamo social y familiar por responsabilizar a la propia policía por el fallecimiento bajo custodia. Sus allegados aseguran que no fue una fatalidad aislada, sino que las fuerzas de seguridad “lo **entregaron” y “pegaron” hasta causar su muerte”.
El caso, que ocurrió a finales de enero, sigue bajo investigación judicial mientras crece la indignación pública y la exigencia de que la investigación no se limite a los internos de la celda, sino que se profundice sobre el accionar de los efectivos que estaban de servicio en ese momento. Para los familiares, “ellos son tan culpables como los presos” implicados en el incidente que terminó con la vida de Cuéllar.
Según los primeros reportes periodísticos, el hombre —de aproximadamente 50 años— falleció en circunstancias confusas tras un episodio violento en el interior de la comisaría, donde se encontraba detenido por causas propias del circuito penal local. Testimonios extraoficiales sugieren que Cuéllar habría sufrido agresiones tras una pelea con otros internos, aunque familiares y algunos testimonios apuntan directamente hacia la omisión y posibles malos tratos del personal policial que debía custodiarlo.
El Ministerio Público Fiscal ordenó medidas de rigor: intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, secuestro de informes de guardia, toma de testimonios de policías de turno y de los propios internos, así como el traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia forense. La causa aún no ha sido clarificada, y las versiones oficiales no descartan, por ahora, ninguna hipótesis, pero la familia y sectores sociales advierten que no basta con culpar a los detenidos por una riña: “la responsabilidad del Estado y de la fuerza que tiene el monopolio de la violencia es directa”, clamaron en las puertas de la fiscalía.
Este hecho se suma a otros casos de muerte bajo custodia o violencia en dependencias policiales que han marcado a la provincia y el país, donde organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente la falta de controles, transparencia y protocolos efectivos para proteger la integridad física de las personas detenidas. En este marco, las protestas por el caso Cuéllar reflejan un descontento más amplio con la impunidad estructural y la falta de respuestas institucionales ante hechos donde aparecen involucrados agentes estatales.
La consigna de los familiares —que “los policías vayan presos como los detenidos” — resuena en las calles y en redes sociales como símbolo de una reclamo por justicia real, no por una explicación legal tibia, sino por responsabilidad concreta de quienes detienen y custodian vidas humanas en dependencias del Estado.
