10/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Legisladores nacionales por Salta. Imagen: Web.
La discusión por la reforma laboral que promueve el Gobierno de Javier Milei se volvió foco de una intensa batalla política en todo el país y en especial en Salta, donde los representantes de la provincia en el Congreso Nacional debaten no sólo su postura frente al proyecto, sino también el impacto que tendrá sobre los recursos provinciales y los derechos laborales conquistados.
Posturas en tensión: defensa de coparticipación vs. apoyo al “cambio”
El gobernador Gustavo Sáenz reunió en Salta a la mayoría de los legisladores nacionales por la provincia para trazar una estrategia común frente al debate de la llamada “modernización laboral”, que incluye cambios impositivos —como la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias, cuyos fondos coparticipables son claves para la provincia— y modificaciones en el régimen de relaciones laborales.
En ese encuentro, la senadora nacional Flavia Royón (integrante de Juntos por el Cambio) planteó que la baja de impuestos dañosamente afecta a las finanzas provinciales y exigió buscar alternativas que no golpeen la coparticipación, algo que considera indispensable para garantizar obras públicas y servicios esenciales en Salta. El diputado Pablo Outes coincidió en defender los recursos de la provincia aunque respaldó medidas que promuevan empleo registrado. Por su parte, el diputado Bernardo Biella advirtió que las provincias no pueden ceder más recursos al Estado nacional.
La diputada Yolanda Vega se sumó a las críticas, señalando que Salta ya debió terminar obras con fondos propios por incumplimientos de Nación, y reclamó que los legisladores defiendan no sólo el interés fiscal, sino también la ejecución de proyectos pendientes que beneficiarán a la provincia.
La reunión —a la que asistieron también el jefe de gabinete Sergio Camacho y el ministro de Economía Roberto Dib Ashur— representó un gesto de unidad entre los bloques salteños tradicionales frente a los efectos fiscales de la reforma, aunque los representantes de La Libertad Avanza (LLA) no asistieron pese a haber sido formalmente invitados por Sáenz.
La Libertad Avanza: diálogo con empresarios, silencio político
Mientras los legisladores del bloque mayoritario en Salta denunciaban riesgos sobre fondos coparticipables, los referentes y legisladores de La Libertad Avanza en Salta optaron por reunirse con cámaras empresariales, donde defendieron la reforma laboral en términos de “modernización del sistema, reducción de la litigiosidad y promoción del empleo formal”, pero sin incluir en esos debates a los trabajadores que verán afectados sus derechos si se aprueba la ley.
El argumento oficial de LLA en esos encuentros fue que la reforma es necesaria para agilizar el mercado laboral y atraer inversiones, aunque ese enfoque choca con las advertencias de los sectores que alertan sobre retrocesos en derechos laborales básicos.
Presiones, amenazas y la pulseada interna
La disputa no se limitó al escrutinio técnico de la ley: el propio Sáenz denunció que legisladores peronistas están siendo objeto de presiones y amenazas para votar en contra de la reforma laboral, señalando que la conducción nacional del Partido Justicialista (PJ) estaría utilizando la amenaza de intervenir las estructuras partidarias provinciales como mecanismo de disciplina interna antes de la votación decisiva en el Congreso.
Según el gobernador, esas advertencias no sólo afectan a diputados, sino también a gobernadores y senadores, a quienes se les habría advertido que podrían ver intervenido su partido si votan a favor de la iniciativa. Esta denuncia expuso una crisis de liderazgo al interior del justicialismo en plena discusión de una ley que, de aprobarse, transformará profundamente el mercado laboral argentino.
Qué se está debatiendo: empleo formal y recortes impositivos
El proyecto de reforma laboral que hoy avanza en el Parlamento es parte de un paquete mayor de reformas impulsado por el Ejecutivo que busca, según sus impulsores, modernizar la regulación del trabajo, reducir la litigiosidad en los tribunales laborales y generar empleo registrado. Aunque desde el oficialismo se sostiene que estos cambios favorecen la competitividad y crecimiento del empleo formal, críticos sostienen que hay riesgo de erosionar derechos conquistados por décadas de legislación protectora.
La pulseada en el Congreso se anticipa cerrada y muy politizada, con sectores empresariales apoyando la reforma, sindicatos y oposición rechazándola, y legisladores provinciales presionados por defender los intereses fiscales de sus distritos frente a un paquete de leyes que altera la estructura de impuestos y aportes.
