10/02/2026.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Milei junto a Diego Spagnuolo. Imagen: Web.
La Justicia federal desnudó lo que no podía seguir encubierto: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lejos de ser un organismo dedicado a garantizar derechos, fue cooptada por una asociación ilícita integrada por exfuncionarios del gobierno de Javier Milei y empresarios privados que la utilizaron como esquema de enriquecimiento, sobornos y fraude al Estado. El juez Sebastián Casanello procesó al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo —abogado y hombre de confianza del presidente— y a otros 18 implicados por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho, fraude y negociaciones incompatibles con la función pública, y ordenó embargos millonarios que ilustran la magnitud del saqueo.
Nada de esto es menor: Spagnuolo fue uno de los visitantes más asiduos de la Quinta de Olivos, figura en múltiples fotos con el propio presidente Javier Milei, y antes de explotar el escándalo fue removido de su cargo en medio de la difusión de audios explosivos que describían cómo funcionaba la red de coimas, incluyendo referencias directas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.
Según reconstruyó el magistrado en su fallo, la ANDIS fue usada como plataforma para direccionar licitaciones de medicamentos con sobreprecios escandalosos, aceptando “retornos” y sobornos a cambio de contratos a medida con proveedores como la droguería Suizo Argentina. Los sobreprecios, según la investigación, llegaron a cifras equivalentes a un 2.000 por ciento sobre el valor de mercado, y la maniobra generó ganancias mensuales millonarias para los integrantes de la red.
El procesamiento incluye no solo a Spagnuolo, sino también a su segundo en ANDIS, Daniel María Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija Ornella Calvete, a Pablo Atchabahian y a una serie de otros exfuncionarios y empresarios señalados como piezas clave del entramado. Todos, según el juez, actuaron de manera coordinada para usurpar funciones públicas en beneficio propio y en detrimento de los fondos destinados a personas con discapacidad.
El juez Casanello no se contuvo: sostuvo que los hechos probados hasta ahora representan solo la punta del iceberg y que hay indicios de que el “esquema delictivo” podría escalar hacia otro nivel de complicidades, dejando la puerta abierta a que la investigación alcance a más implicados y, especialmente, a quienes podrían haber obtenido beneficios indirectos o fueron mencionados en las comunicaciones de Spagnuolo.
El origen de la causa fue la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se detallaban supuestos pedidos de coimas y retornos a cambio de contratos, con menciones explícitas a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem como beneficiarios de un porcentaje de esos retornos. Esto provocó la intervención del organismo, múltiples allanamientos —incluido el de la droguería Suizo Argentina—, secuestro de documentos, celulares y dinero en efectivo en sobres, y el inicio formal de una investigación que ahora pasó a un punto de inflexión con los procesamientos.
El caso no estuvo exento de tácticas dilatorias y defensas agresivas: Spagnuolo pidió el sobreseimiento alegando que los audios estaban adulterados, mientras su defensa cuestionaba la validez de las pruebas sonoras. Sin embargo, la Justicia rechazó esos planteos y avanzó con los procesamientos, pese a los intentos de adjudicar la filtración de los audios a presuntas “operaciones políticas”.
El impacto político es indisimulable: este entramado de corrupción golpea al corazón mismo del gobierno libertario, que enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción como pilar de su gestión. Las implicancias judiciales y políticas todavía se están desplegando, pero el procesamiento de Spagnuolo y su red marca un antes y un después en la percepción pública del manejo de fondos estatales y de la calidad institucional del propio gobierno de Milei.
