10/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El ministro de Salud Pública de la provincia, Federico Mangione. Imagen: Prensa Gobierno de la Provincia de Salta.
La polémica por la sustracción de equipamiento hospitalario en Salta se volcó este martes al centro de la discusión pública y política cuando el ministro de Salud Pública de la provincia, Federico Mangione, definió en términos duros lo que desde el Gobierno consideran un hecho delictivo que golpea al sistema sanitario provincial. La irregularidad se detectó después de que seis equipos de neonatología pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil (HPMI) fueran hallados instalados y en funcionamiento en una clínica privada, Neofenix S.R.L., vinculada al Sanatorio Centro de calle Urquiza, en pleno centro de la ciudad de Salta.
La trama salió a la luz a partir de auditorías internas iniciadas en 2025, cuando el personal de patrimonio del Ministerio detectó discrepancias en los registros de los dispositivos asignados al HPMI —uno de los principales centros de atención materno-infantil de la provincia— y la existencia de aparatos con números de serie coincidentes funcionando fuera de la jurisdicción pública. En diálogo con medios locales, Mangione —quien ejerce como ministro desde diciembre de 2022 tras su carrera como pediatra y cirujano infantil— fue categórico: “Es un robo, ni más ni menos” al referirse a la sustracción de las máquinas neonatales.
Según el funcionario, las auditorías que permitieron el hallazgo responden a un sistema interno de control en el que cada equipo hospitalario es identificado con un código QR para registrar su ingreso y egreso de los hospitales públicos. Mangione explicó que el objetivo de este mecanismo —implementado hace más de un año— era evitar la pérdida, manipulación o traslado no autorizado de bienes sanitarios en un contexto en el que la provincia enfrenta tensiones presupuestarias y fuertes demandas sociales sobre la atención en salud.
La investigación preliminar indica que los equipos —valuados en decenas de millones de pesos y esenciales para el cuidado de recién nacidos prematuros o en situación de riesgo— fueron instalados en la clínica Neofenix, que opera servicios de neonatología privados dentro de una red que incluye al Sanatorio Centro. La relación entre los profesionales que trabajan simultáneamente en el sector público y en esa clínica privada es ahora uno de los ejes de la pesquisa judicial, ya que Mangione sugirió que médicos con doble ejercicio profesional podrían estar involucrados, aunque aclaró que el futuro de los imputados quedará en manos de la Justicia.
Mangione fue aún más allá al señalar que, más allá de la denuncia específica contra Neofenix, la clínica privada donde operan estos servicios sería responsable solidaria. “Nosotros no entregamos nada en comodato sin registro. Cuando un aparato sale del hospital, tiene un número de serie y queda constancia”, sostuvo el ministro de Salud, señalando que el hecho representa una vulneración grave de la integridad del sistema público de salud.
El hallazgo y la denuncia ocurrieron justamente en momentos en que el hospital Materno Infantil y otros centros públicos están en el centro de debates sobre presupuesto sanitario, falta de recursos y prioridades de gestión en la provincia. Los equipos neonatales son piezas clave en la atención de recién nacidos de alto riesgo —un servicio que no puede ser reemplazado con facilidad en el subsistema público— y su ausencia o desvío puede tener efectos directos sobre la mortalidad y la calidad de atención neonatal.
La respuesta de las autoridades judiciales y el impacto político de las declaraciones de Mangione todavía se están configurando. En Salta, donde la salud pública es un tema de fuerte movilización social, el caso ya generó pronunciamientos de sectores gremiales y organizaciones comunitarias que reclaman transparencia en las auditorías, sanciones ejemplares y la protección de los bienes de uso sanitario en función de los derechos de acceso a la salud de la población.
Más allá de la denuncia formal, este episodio abrió un debate más amplio sobre la relación entre el sector público y el privado en la prestación de servicios de salud en Salta, la supervisión de equipamiento esencial y la fiabilidad de los mecanismos de control del patrimonio sanitario en hospitales que manejan altos volúmenes de recursos y dispositivos específicos para atención crítica.
La causa ya está en manos de la Justicia salteña y se esperan medidas adicionales, posibles imputaciones y audiencias en las próximas semanas conforme avance la investigación penal.
