11/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Fuerte operativo policial en el barrio de Liniers. Imágenes: Redes Sociales.
La política migratoria del gobierno de Javier Milei se está convirtiendo en un laboratorio de medidas que privilegian el marketing político y la estigmatización por sobre la eficacia real y el respeto a derechos; una receta de improvisación securitaria que, según analistas, mezcla propaganda con sesgos raciales, mientras el Estado exhibe pocos resultados concretos más allá de operativos expuestos en redes y discursos criminalizantes.
Desde distintos sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos se viene cuestionando lo que algunos llaman un “sueño de un ICE argentino”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, emulado en el discurso oficial. Esa analogía al aparato estadounidense refleja no sólo una orientación política sino también una estrategia de comunicación diseñada para mostrar acción incluso cuando la gestión carece de resultados verificables.
Los operativos callejeros de la Dirección Nacional de Migraciones, que suelen inundar redes sociales con imágenes de controles y detenciones, son uno de los rostros visibles de esa política. Sin embargo, la puesta en escena contrasta con la falta de datos oficiales que permitan medir el impacto real de esas acciones en la regulación migratoria, la regularización de estancias o la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Paralelamente, el gobierno dispuso en 2025 una modificación al régimen de migraciones mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que endureció condiciones para la permanencia de extranjeros en el país, entre ellas requisitos de seguro de salud y restricciones a ciertos derechos básicos. Críticos de la medida sostienen que, lejos de atender problemas estructurales, la reforma migratoria expropia garantías consagradas por la Constitución y acuerdos regionales como el Mercosur, al priorizar narrativas punitivas sobre soluciones integrales.
La política oficial también ha sido señalada por criminalizar a personas racializadas y migrantes sin aportar información clara sobre su eficacia real, convirtiendo la cuestión migratoria en un tema de propaganda político-mediática más que en un ámbito de gestión técnica y humanitaria. Para críticos, el discurso securitario imprime un sesgo discriminatorio que termina alimentando prejuicios sociales y raciales, mientras el gobierno celebra números de deportaciones o controles sin detallar su impacto en la seguridad pública o en la economía.
Las críticas se suman en un contexto en el que el propio Estado avanzó en el desmantelamiento de organismos dedicados a combatir la discriminación y el racismo, como fue el caso de la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), debilitando mecanismos institucionales para enfrentar actos discriminatorios en todos los ámbitos de la sociedad.
Diversos informes sociales y de organizaciones migrantes sostienen que estas políticas no solo son ineficaces para ordenar flujos migratorios o mejorar la gestión, sino que reproducen dinámicas de exclusión y estigmatización que terminan aislando a Argentina en un momento en que, históricamente, fue receptor de migración y vínculo con otras naciones del continente.
En este escenario, la política migratoria oficial se perfila como un ejemplo de cómo la propaganda estatal puede reemplazar la gestión efectiva, construyendo narrativas que buscan seducir políticamente apelando al miedo, la seguridad y la división social, mientras las condiciones reales de vida y trabajo de las personas migrantes, así como su integración socioeconómica, reciben escasa atención técnica y humanitaria.
