12/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Imagen: Web.
El Senado mexicano aprobó este miércoles una reforma constitucional que modifica el artículo 123 para dejar atrás una jornada de 48 horas semanales e imponer una reducción paulatina hasta 40 horas de trabajo, en lo que se presenta como un triunfo sin precedentes para el movimiento obrero de ese país. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, fue aprobada por un contundente respaldo en lo general —121 votos a favor y cero en contra— aunque ahora deberá enfrentar el paso final en la Cámara de Diputados.
Después de años de reclamos, más de 13,5 millones de trabajadoras y trabajadores verán cómo, entre 2027 y 2030, su semana laboral se achica en dos horas por año, hasta alcanzar las ansiadas —y largamente postergadas— 40 horas semanales. Un cambio que, para la dirigencia oficial, representa un salto histórico en la protección de los derechos laborales e intenta responder a la demanda internacional por mejores condiciones de trabajo.
Sin embargo, la falacia de la celebración se desliza en los detalles: la reforma no incorpora de manera explícita dos días de descanso obligatorio, un punto que sindicatos y organizaciones de trabajadores ven como una traición a las expectativas de una jornada de cinco días y dos de descanso. Además, la norma aprobada amplía el tope de horas extra de nueve a 12 por semana, un resquicio que abre la puerta a jornadas de hasta seis días laborales, algo que críticos consideraron una concesión peligrosa al sector empresarial.
El oficialismo se apresuró a presentar la medida como un triunfo de la “era del bienestar laboral” y garantizar que la reducción de horas no implicará menores salarios ni menos beneficios para los trabajadores. Desde el Senado, líderes del partido en el poder aseguraron que se alinea con recomendaciones internacionales y busca devolver tiempo de vida a millones que llevaban décadas atrapados en jornadas extensas sin conciliación familiar ni salud mental digna.
Pese a la unanimidad que se exhibió en lo general, las tensiones no desaparecieron en el recinto. Sectores de la oposición insistieron en que el cronograma gradual hasta 2030 es una “simulación” que diluye la urgencia de los reclamos históricos; otros denunciaron que la reforma, tal como quedó redactada, puede permitir que la patronal explote a la fuerza de trabajo bajo la apariencia de flexibilidad.
Actores sociales —entre ellos el Frente Nacional por las 40 horas— han levantado la bandera de alerta: consideran que la iniciativa podría ser un “engaño” si termina legalizando prácticas de explotación, como seis días laborales y más horas extra, sin una protección real de descanso efectivo ni garantías concretas de que los sistemas de control se apliquen.
Aún con estas disputas, la norma fue remitida con velocidad a la Cámara de Diputados, donde sus impulsores confían en que será aprobada sin mayores modificaciones. De concretarse, México daría un paso que sus propios sindicatos habían reclamado durante décadas, pero también lo haría dejando pendientes reclamos que muchos consideran claves para transformar de verdad las condiciones de trabajo en el país.
La aprobación en el Senado marca un antes y un después en la legislación laboral mexicana. Pero la batalla por la jornada laboral no termina en el papel: su impacto real, los mecanismos de control y las garantías de descanso efectivo serán el verdadero campo de batalla más allá del Parlamento, donde las trabajadoras y trabajadores comenzarán a medir si la reforma cumple lo que promete o si se queda en otra victoria retórica sin fuerza social tangible.
