12/02/2026.- Salta al Instante.- Imagen: Ilustrativa.
Un episodio de violencia de género con elementos de conmoción social tuvo lugar en Hipólito Yrigoyen, donde un hombre de 49 años fue imputado por la Fiscalía Penal de Pichanal por interceptar y atropellar con su camioneta a su expareja, pese a contar con medidas judiciales vigentes que le prohibían ejercer actos de violencia y acercarse a la víctima. La acusación incluye lesiones leves doblemente agravadas, amenazas y desobediencia judicial en concurso real, reflejando una escalada preocupante de violencia en la región.
El hecho ocurrió en la madrugada del 9 de febrero, tras un altercado previo registrado en un local bailable de la localidad. La mujer, ya retirada de la relación hacía aproximadamente un año —aunque aún mantienen vínculos por tener un hijo en común—, decidió marcharse del lugar junto a su sobrina en una motocicleta tras la presencia intimidante de la actual pareja del imputado.
Cuando las mujeres se dirigían hacia el domicilio de una hermana, el acusado las interceptó de frente con su camioneta, obligándolas a caer violentamente al asfalto. Luego, según denunció la víctima, pasó su vehículo por encima de las piernas de la mujer y le profirió graves amenazas, haciendo referencia a denuncias anteriores y a la restricción judicial que debía cumplir. El ataque se produjo a la vista de familiares y vecinos, que presenciaron la secuencia de violencia.
Como consecuencia de la maniobra, la mujer sufrió laceraciones en ambas piernas, lesiones que fueron certificadas médicamente el mismo día del hecho. La fiscal María Sofía Fuentes basó la imputación en la persistencia de conductas violentas del acusado, a pesar de las claras medidas judiciales que le ordenaban abstenerse de ejercer actos de violencia contra su ex pareja desde septiembre de 2025.
Este caso se suma a una creciente lista de hechos de violencia con desobediencia de órdenes judiciales que terminan en agresiones directas contra mujeres en contextos de género, similares a otros episodios en distintas provincias donde el incumplimiento de restricciones ha derivado en detenciones y causas judiciales por ataques, amenazas y lesiones.
La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que evaluará nuevas medidas de protección para la víctima y profundizará la recolección de pruebas para sostener la imputación en sede penal, en un caso que pone en foco la persistencia de la violencia de género y la necesidad de hacer cumplir efectivamente las medidas judiciales de protección.
