12/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Los Kovalivker con Macri. Imagen: Web.
En los pasillos de Comodoro Py, la salida del juez Sebastián Casanello de la causa por presuntas coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no se recibió como un movimiento técnico más: se murmuró fuerte que detrás hubo una operación tejida por intereses poderosos del sector farmacéutico, con el objetivo de frenar el avance de una investigación que amenazaba revelar rutas de dinero sucio y privilegios que llegan hasta las grandes droguerías y, según fuentes judiciales, hasta las esferas más altas del poder.
La causa, que empezó a tomar volumen tras la difusión de **audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de ANDIS y estrecho colaborador del presidente Javier Milei, tramita presuntos esquemas de sobornos, sobreprecios y direccionamientos de compras públicas de medicamentos a través de laboratorios y proxys privados. Esa investigación llevó a Casanello a procesar a Spagnuolo —junto a otros 18 imputados, incluidos empresarios y operadores del sector farmacéutico— por asociación ilícita, cohecho, fraudulentas maniobras de contratación y defraudación al Estado, con embargos que superan cifras millonarias.
Pero repentinamente, y justo cuando el caso parecía consolidar una línea de acusación firme, la Cámara Federal porteña —en una jugada que fuentes de Comodoro Py interpretan como un giro estratégico— ordenó que se revise el origen de los audios que alimentan el expediente, bajo el argumento de esclarecer su autenticidad y modo de obtención. Dicho fallo llegó horas antes de que se venciera la subrogancia de Casanello en el Juzgado Federal 11, el órgano responsable de llevar adelante el juicio.
Tras esa decisión de la Cámara, el expediente salió de las manos de Casanello para recaer en el juzgado del federal Ariel Lijo, un magistrado de peso en la escena judicial y quien fuera impulsado por el propio Milei para integrar la Corte Suprema —una postulación que no prosperó en el Senado— y que ahora queda al frente de la causa Andis cuando el proceso aún es delicado y controvertido.
En los mentideros de la Justicia, no pocos operadores deslizan la teoría de que el fallo de Irurzun y Boico —quienes ordenaron revisar la validez de las grabaciones— fue activado por los mecanismos “inmunológicos” de los laboratorios y sus defensas, que buscan diluir las pruebas centrales del caso y desinflar la acusación principal. Esa sospecha se alimenta en parte por el hecho de que, un día antes de ese fallo, otra Sala de Casación había rechazado otro planteo de las defensas de los Kovalivker —propietarios de la droguería Suizo Argentina, señalada como uno de los proveedores que pagaba sobornos— para frenar la investigación.
La trama también tiene aristas políticas y económicas: la causa por coimas en Andis no solo involucra a Spagnuolo —quien fue procesado por Casanello y está en el centro de las sospechas— sino que toca a pesos pesados de la industria farmacéutica como Miguel Ángel Calvete, empresario y operador clave vinculado a las droguerías investigadas, con antecedentes judiciales que ya lo atraviesan.
La investigación judicial, que desnudó un posible entramado de corrupción institucional en perjuicio del Estado y de las personas con discapacidad, se vio sacudida por la decisión de la Cámara de meter en duda la fiabilidad de la evidencia principal (los audios de Spagnuolo). Esa movida fue interpretada por distintos sectores como una embestida destinada a retraer a Casanello del caso y dar aire a los defensores de los imputados, en un contexto donde las defensas han llevado incluso peritajes que sugieren manipulación o cuestionan la obtención de las grabaciones.
Que la causa Andis cambie de juez justo ahora, cuando estaba en una etapa crítica, no es visto como un simple trámite burocrático dentro de Comodoro Py, sino como un giro de magnitud que puede redefinir el rumbo de una investigación que amenaza con salpicar a laboratorios, empresarios y funcionarios con conexiones políticas y económicas profundas.
Mientras la causa sigue su curso y la polémica sobre la autenticidad de los audios se intensifica, sigue la sospecha de que intereses económicos de grandes proveedores de medicamentos y droguerías pusieron en marcha una operación jurídica para frenar el avance de Casanello y reconfigurar el tablero judicial a su favor.
