12/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Puente de Santa Lucía, parte de la estructura cayó sobre el río Arenales.
La caída de un pilar del histórico puente viejo de Santa Lucía, infraestructura que conecta ese barrio con el resto de la ciudad y que había sido intervenida durante la gestión de Bettina Romero, encendió una controversia política que ahora podría derivar en una ofensiva judicial contra la ex intendenta y su equipo. El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, anunció que el Ejecutivo municipal analiza iniciar acciones legales no solo por la obra dejaron inconclusa, sino también por la discrepancia entre lo que se anunció públicamente y lo que efectivamente se ejecutó en 2020.
El foco del escándalo se encendió tras el colapso de uno de los pilares de la estructura del puente, un hecho que obligó a clausurar totalmente el tránsito vehicular y peatonal por razones de seguridad y que, por milagro, no terminó en tragedia: vecinos alertaron que cinco chicos se estaban bañando justo debajo del sector que cedió, pero lograron escapar sin heridas mientras la estructura amenazaba desplomarse sobre ellos.
Romero había presentado la obra en 2020 como una “refacción total del puente viejo”, vendiendo la intervención como una solución definitiva y estructural, con imágenes y anuncios oficiales que mostraban trabajos sobre todas las columnas de soporte. No obstante, la propia exintendenta reconoció recientemente en una entrevista con El Tribuno que solo se intervino uno de los cinco pilares, generando una contradicción flagrante entre lo prometido y lo realizado.
Chalabe fue contundente al cuestionar la gestión de Romero y los funcionarios responsables de aquella obra: “Cuando se ejecuta una obra pública, hay una responsabilidad entre lo que se informa, lo que se certifica y lo que realmente se hace… no puede ser solo propaganda; es una responsabilidad con la vida de los salteños”, enfatizó en un video difundido a través de sus redes sociales.
El actual Ejecutivo municipal sostiene que la apertura de una causa —posiblemente penal, civil o de resarcimiento— podría clarificar si existieron irregularidades en la ejecución, certificación o uso de fondos públicos destinados a la refacción, y si hubo negligencia o mala praxis que ponen en riesgo a la población. Aún no está definido qué tipo de presentación legal se impulsará, pero el análisis está en curso mientras se recaban documentos, planos, pliegos licitatorios y contratos vinculados a la obra anunciada por Romero en 2020.
Del otro lado, Bettina Romero se desligó de la responsabilidad por el colapso del pilar en declaraciones recientes, defendiendo la intervención realizada y sosteniendo que el desprendimiento responde más bien al desgaste natural de la estructura original, al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento posterior, que no se relaciona con los trabajos que ella impulsó. Romero remarcó que la obra de refuerzo incluyó pilotes de doce metros de profundidad y apoyo estructural con diseño aprobado por el Consejo de Ingenieros, y que la parte dañada del puente corresponde a sectores no intervenidos en 2020.
Sin embargo, la respuesta de Romero no aplacó las críticas desde el oficialismo municipal, que acusa a su gestión de haber promovido una obra que no cumplió con su finalidad declarada y terminó dejando una estructura en riesgo para la población. La polémica en torno al puente de Santa Lucía se suma así a una agenda local ya marcada por cuestionamientos a la gestión anterior —incluidas críticas sobre la ejecución de obras públicas, el uso de fondos y la falta de mantenimiento de infraestructuras— que ahora desembocan en la posibilidad concreta de una batalla judicial entre el presente y el pasado político de Salta.
La postura del municipio es que nadie está por encima de la responsabilidad por obras públicas, y que en este caso, la caída del pilar y las inconsistencias entre anuncio y ejecución justifican una respuesta legal que podría determinar si hubo negligencia, mala praxis o incluso un uso indebido de recursos públicos bajo la gestión de Bettina Romero.
