03/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Pablo Grillo durante su internación. Imagen: Web.
La justicia federal decidió este miércoles 3 de marzo que la causa penal por el brutal ataque al fotoperiodista Pablo Grillo no quedará impune: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó sin matices el procesamiento contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero por las lesiones gravísimas que le provocó al reportero gráfico al dispararle una granada de gas lacrimógeno en la cabeza durante una manifestación frente al Congreso el 12 de marzo de 2025.
El gendarme Héctor Guerrero se presentó en Comodoro Py a indagatoria por ejecutar el disparo que dejó a Pablo Grillo al borde de la muerte. Imagen: Instagram @antu.divit
En una decisión que rompe los últimos escudos de impunidad institucional, la Sala II del máximo tribunal penal —integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Ángela E. Ledesma— declaró inadmisible la queja presentada por la defensa de Guerrero y confirmó la condena judicial por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas, en concurso real, reiteradas en cinco hechos, en un fallo que pone al cabo primero de la Gendarmería Nacional al borde del juicio oral.
Todo ocurre en un contexto donde la causa se había ido consolidando a partir de una investigación balística y fílmica que determinó que Guerrero no sólo incumplió los protocolos vigentes para el uso de pistolas lanza gases, sino que disparó de manera horizontal directamente contra la multitud, impactando en la cabeza de Grillo mientras este cubría pacíficamente la protesta. La reconstrucción de imágenes y pericias concluyó que el proyectil entregado por el cabo —y no por rebote o accidente— fue lo que provocó fractura expuesta de cráneo y graves hematomas cerebrales que a lo largo de más de nueve meses obligaron a múltiples cirugías y tratamientos intensivos.
Los camaristas que ratificaron la ratificación señalaron que en el expediente “existe doble conformidad judicial” y que la defensa de Guerrero no acreditó fundamentos que habiliten revisar el fallo, rechazando así la argumentación de los abogados defensores que, desde el principio, buscaron desligar a su representado de la autoría del disparo o justificarlo dentro de los manuales de uso de armas.
La ratificación judicial sacude, además, la narrativa de exfuncionarios que intentaron diluir responsabilidades. Meses atrás, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich llegó a afirmar que “no fue gatillo fácil” ni siquiera se sabía quién había disparado, intentando reconfigurar el ataque contra Grillo como resultado de “mala visibilidad” o circunstancias fortuitas que eximirían de culpa a los agentes represivos. Sus declaraciones provocaron indignación entre colegas y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron una defensa corporativa de la violencia estatal.
Para la querella, que desde febrero cuenta con la participación formal del propio Pablo Grillo junto a su familia como parte acusadora en la causa, la confirmación del procesamiento representa un paso imprescindible hacia la etapa de juicio oral, donde exigirán que se extienda la investigación penal a toda la cadena de mando que permitió y sostuvo el accionar de las fuerzas en ese operativo.
Esa querella venía denunciando desde el primer momento que el sumario interno de Gendarmería Nacional había sido resuelto en tiempo récord, con conclusiones que atribuían la responsabilidad del disparo a la ubicación de Grillo “en la línea de tiro”, una versión oficial que abogados y organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) rechazaron por carecer de rigor y por intentar proteger al efectivo.
La causa se arrastra desde aquel 12 de marzo de 2025, cuando, en medio de una marcha de jubilados e hinchas frente al Congreso, la represión desatada dejó a Pablo Grillo al borde de la muerte tras recibir en la cabeza un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por Guerrero a poco más de 50 metros de distancia. Las consecuencias neurológicas y motoras para el fotógrafo fueron severas y todavía, casi un año después, siguen marcando su vida cotidiana.
Con la ratificación del procesamiento por parte del máximo tribunal penal, la escena judicial exhibe ahora una línea de disputa: por un lado, el Estado y sus defensores que intentan rebajar o desacreditar los hechos, y por otro, la familia de Grillo y las organizaciones de derechos humanos que empujan para que el caso no quede en meros procesamientos y llegue a un juicio que ponga en la mesa de debate nacional la responsabilidad de las fuerzas en actos de represión que costaron gravísimas lesiones a un trabajador de prensa.
Siendo un fiscal y un tribunal cada vez más exigentes en su planteo probatorio, la causa Grillo no es ya un expediente olvidado: se ha convertido en un símbolo de la disputa por la impunidad o la justicia frente a la violencia estatal en las calles de la Argentina contemporánea.
