28/03/2026.- Salta al Instante.- Por Gaby Pachteng.- Foto portada: Cristina Fernández de Kirchner junto a Axel Kicillof. Imagen: Web.
Acorralado por denuncias de corrupción y por una economía que no levanta cabeza, el gobierno de Javier Milei se vio obligado a celebrar una decisión judicial que choca de frente con su propio discurso. La Corte de Apelaciones de Nueva York avaló la nacionalización de YPF realizada durante el gobierno de Cristina Kirchner y anuló el pago de 16 mil millones de dólares que había ordenado una jueza de primera instancia. La paradoja quedó expuesta sin anestesia: el gobierno ultraliberal festejó un fallo que valida una de las decisiones más cuestionadas por el propio Milei.
Mientras en Argentina el Presidente descargaba críticas contra Axel Kicillof y contra la nacionalización de la petrolera, en Estados Unidos los abogados que representaban al Estado defendían precisamente esa medida. La contradicción fue tan evidente como riesgosa: las embestidas verbales de Milei coincidían con los argumentos del fondo buitre que impulsaba el reclamo judicial.
El propio Milei llegó a afirmar: “Vinimos a limpiar judicialmente las cagadas de Kicillof”. Sin embargo, la nacionalización de YPF decidida por Cristina Kirchner y ejecutada por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof terminó sosteniendo una posición que ahora el gobierno libertario necesita defender ante los tribunales.
La decisión de recuperar la petrolera también es reivindicada por sus impulsores por otro motivo: la explotación de Vaca Muerta. Según sostienen, si YPF hubiera continuado en manos de la empresa española, los yacimientos no se habrían descubierto ni explotado del modo en que se hizo posteriormente.
Cristina Kirchner destacó el fallo y recordó el sentido de aquella decisión. “Recuperar nuestra soberanía energética fue estratégico (…) Hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”, afirmó la expresidenta.
Mientras tanto, los dos protagonistas de aquella estatización siguen bajo presión política y judicial. Axel Kicillof enfrenta el recorte de recursos a la provincia de Buenos Aires que, según su gobierno, alcanzó los 15 millones de millones de pesos y fue llevado a la Justicia. Cristina Kirchner, por su parte, continúa bajo una condena que denuncia como basada en conjeturas sin pruebas, con condiciones cada vez más restrictivas para su prisión domiciliaria.
El fallo de la justicia estadounidense llegó en un momento incómodo para el gobierno. Las denuncias de corrupción contra el Presidente y su entorno, sumadas al deterioro económico, lo dejaron con escaso margen político. En ese contexto, la decisión judicial representó un alivio inesperado.
En paralelo, el malestar social se expresó en las calles. El 24 de marzo, millones de personas se movilizaron en todo el país para repudiar la dictadura y defender los derechos humanos, en una jornada que también reflejó el creciente descontento con la situación económica y política.
El gobierno intentó sostener a su vocero Manuel Adorni frente a las denuncias que lo rodean. La conferencia de prensa organizada con varios ministros presentes terminó en un clima de tensión y con un portazo que dejó más preguntas que respuestas.
Las acusaciones más graves giran en torno a la estafa con la criptomoneda $LIBRA. El episodio involucró directamente a Javier Milei por un mensaje en redes sociales que fue interpretado como promoción del proyecto. Aunque muchos argentinos no manejan el mundo de las criptomonedas, el caso generó repercusiones políticas y judiciales.
En ese entramado aparecen varios nombres: Mauricio Novelli, antiguo empleador de Milei; Hayden Davis, socio de Novelli; Demian Reibel, exjefe de asesores que renunció a Nucleoeléctrica S.A. tras denuncias de sobreprecios; Sergio Morales, “asesor oficial de Web3/blockchain de Javier Milei” que dejó la Comisión Nacional de Valores; y Manuel Terrones Godoy, quien daba cursos para ganar dinero con videojuegos.
El fiscal Eduardo Taiano mantuvo bajo resguardo el celular de Mauricio Novelli hasta después de las elecciones de octubre. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, deberá resolver cómo abordar el contenido de ese dispositivo, cuya validez pretende impugnar el propio Novelli.
Mientras el gobierno intenta instalar otros temas en la agenda, las controversias se acumulan. La multitudinaria movilización del 24 de marzo mostró un clima de creciente desgaste político, en un escenario marcado por la inflación, las denuncias de corrupción y las discusiones sobre el rumbo económico.
En ese contexto también apareció el intento de modificar la ley de glaciares. El proyecto llega cuando la imagen positiva del gobierno y de Javier Milei registra una caída pronunciada.
Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una supuesta desesperación por comprar casas y autos, y las afirmaciones del propio Milei sobre un aumento del consumo, contrastan con el clima social que reflejan las calles.
La gobernabilidad del oficialismo descansa en acuerdos legislativos y en el respaldo de gobernadores que reclaman recursos. En paralelo, el debate sobre la ley de glaciares expone otro frente de tensión: esos reservorios naturales son fuente de agua potable para siete millones de argentinos y cuentan con normas de protección en numerosos países, entre ellos Chile y Dinamarca. Las provincias andinas cuyos legisladores respaldarían modificaciones a esa protección representan precisamente a esa población.
