1/4/2026.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El gobierno de Javier Milei volvió a sacar pecho con un número que, según su relato, probaría que el experimento liberal-libertario funciona: el INDEC informó que la pobreza cayó al 28,2 por ciento y la indigencia al 6,3 por ciento en el segundo semestre de 2025. El festejo oficial fue inmediato. Pero fuera de los comunicados y las celebraciones de despacho, la escena social cuenta otra historia. El deterioro del mercado laboral, la pérdida de poder adquisitivo y la precarización creciente desmienten el optimismo oficial. Lo que aparece como mejora en las planillas estadísticas se diluye cuando se observa la vida cotidiana.
El dato difundido por el INDEC marca una baja respecto del 31,6 por ciento de pobreza y el 6,9 por ciento de indigencia del primer semestre de 2025. Sin embargo, en términos absolutos, más de 8 millones y medio de personas siguen viviendo por debajo de la línea de pobreza y casi 2 millones en situación de indigencia. La discusión no es menor: la supuesta mejora convive con indicadores económicos y sociales que se mueven exactamente en la dirección contraria.
El problema central no es solo el número sino cómo se llega a él. La medición oficial se basa en un criterio unidimensional: los ingresos. El umbral lo fija la Canasta Básica Total (CBT), que determina el ingreso mínimo necesario para no ser considerado pobre. Para una familia tipo de cuatro integrantes, esa referencia se ubica hoy en torno a 1.400.000 pesos mensuales, sin incluir el alquiler. Pero ese parámetro arrastra una limitación estructural: la canasta sigue construida con patrones de consumo de 2004/2005.
Ese detalle metodológico no es menor. En veinte años cambió radicalmente la estructura de gasto de los hogares. Servicios como internet, telefonía móvil o tarifas públicas tienen hoy un peso mucho mayor en el presupuesto familiar, y esos rubros aumentaron en muchos casos por encima de los alimentos. Distintas estimaciones privadas sostienen que, si la canasta se actualizara con datos más recientes, el umbral de pobreza para una familia tipo estaría cerca de 2 millones de pesos mensuales. Con ese criterio, una porción considerable de la población pasaría automáticamente a quedar por debajo de la línea.
El cuestionamiento no es solo teórico. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA), cuando se utiliza una canasta basada en la estructura de gastos relevada en la encuesta 2017/2018, el costo resulta entre 42 y 55 por ciento más alto que el de la canasta oficial. Eso implica que los niveles reales de cobertura de los programas sociales y de los ingresos familiares podrían ser un tercio menores que los que muestran las estadísticas oficiales.
La manipulación metodológica no termina ahí. Desde comienzos de 2024 se modificó la forma de preguntar por los ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares, incorporando con mayor precisión ingresos laborales y no laborales que antes no se registraban. Entre ellos aparecen la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. La modificación puede ser técnicamente defendible, pero introduce un quiebre en la comparabilidad histórica. Si esos ingresos se hubieran contabilizado antes, los niveles de pobreza de años anteriores también habrían resultado más bajos.
En ese contexto, la caída estadística de la pobreza aparece menos como una mejora social real que como el resultado de cambios en el instrumento de medición. En términos del propio ODSA-UCA, se trata de un “descenso sobrerrepresentado” por factores metodológicos.
La escena laboral tampoco acompaña el relato oficial. El desempleo trepó al 7,5 por ciento hacia fines de 2025, lo que equivale a más de 1.100.000 personas sin trabajo y a un aumento de casi 300.000 desocupados en dos años. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la desocupación pasó del 5,7 al 7,5 por ciento, mientras que la informalidad se expandió del 41 al 43 por ciento.
Al mismo tiempo, se multiplicaron los ocupados que buscan un segundo empleo y los subocupados que necesitan trabajar más horas para completar ingresos. El fenómeno del pluriempleo se volvió una de las marcas de época de un mercado laboral cada vez más precarizado.
Los números del empleo registrado tampoco acompañan la narrativa oficial. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 290.000 puestos de trabajo formales y cerraron más de 22.000 empresas, con impacto particularmente fuerte en la industria, la construcción y el trabajo en casas particulares.
En ese contexto, la caída estadística de la pobreza convive con salarios que no logran recuperar poder adquisitivo, consumo en retroceso y hogares cada vez más presionados por el peso de los servicios en el presupuesto familiar.
El deterioro también alcanza a los programas sociales. Al inicio de su gobierno, Javier Milei dispuso un aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar por encima de la inflación. La medida funcionó como un colchón frente al impacto inicial del ajuste fiscal y de la megadevaluación. Pero con el paso del tiempo, esas transferencias quedaron alcanzadas por la misma lógica de recorte del gasto público.
En febrero de 2026, los hogares que reciben AUH y Tarjeta Alimentar cubrían entre 39 y 62 por ciento de la canasta básica alimentaria y entre 18 y 28 por ciento de la canasta básica total, según el ODSA-UCA. Cuando se utiliza una canasta más actualizada, la cobertura cae entre 6 y 10 puntos porcentuales adicionales.
El informe elaborado por Fernando Gallegos Piderit y Alejo Giannecchini advierte además que la cobertura de estas transferencias viene cayendo desde el tercer trimestre de 2025. Desde entonces, tanto la canasta alimentaria como la canasta total aumentan mes a mes por encima de la inflación general, erosionando el poder de compra de los programas sociales. En ese período, la cobertura perdió entre 1,2 y 7,5 puntos porcentuales, dependiendo del tipo de hogar y de la canasta utilizada.
Otro sector particularmente golpeado es el de los jubilados. En febrero de 2026, el haber mínimo jubilatorio fue de 359.254 pesos sin bono y de 429.254 pesos con el bono compensatorio de 70.000 pesos. Ese monto representa una caída real del 8,1 por ciento respecto de junio de 2024, cuando el ingreso alcanzó su punto más alto después del pico inflacionario de 2023/2024.
Entre junio de 2025 y febrero de 2026, el haber mínimo sin bono se redujo 2,6 por ciento en términos reales, mientras que el haber con bono cayó 5,3 por ciento medido a precios constantes. El deterioro tiene dos causas principales. Por un lado, la actualización mensual se calcula con la variación del Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás, lo que genera un rezago frente a la aceleración inflacionaria. Por otro lado, el bono de 70.000 pesos permanece congelado desde marzo de 2024, perdiendo peso dentro del ingreso total mes a mes.
El contraste entre la estadística y la realidad fue señalado incluso antes de la publicación del informe oficial. Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, advirtió que “la pobreza está aumentando” y que los indicadores actuales podrían no reflejar plenamente el deterioro social. Según explicó, la medición continúa utilizando parámetros muy viejos, basados en la estructura de precios de 2004.
A ese problema se suma la evolución reciente de la inflación. Los servicios, especialmente las tarifas, crecieron por encima de los alimentos, modificando la estructura del gasto de los hogares. Sin embargo, ese cambio no se refleja de manera integral en la medición oficial, lo que tiende a subestimar el costo real de vida.
El resultado es un cuadro ambiguo. Por un lado, las estadísticas oficiales muestran una baja de la pobreza. Por el otro, el mercado laboral deteriorado, el consumo en caída, el aumento del desempleo, la expansión de la informalidad y la pérdida de poder adquisitivo configuran un escenario social cada vez más frágil.
La discusión sobre cómo se mide la pobreza dejó de ser un debate técnico para convertirse en un terreno político. La actualización de la canasta, la inclusión de ingresos no laborales y la comparabilidad de las series estadísticas se volvieron claves para interpretar los datos.
Mientras tanto, en las grandes ciudades del país, la escena cotidiana desmiente la euforia oficial. Los indigentes a la vista de todos siguen ahí, aunque no siempre aparezcan en las planillas del INDEC.
