10/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Imagen: Enrique García Medina.
La investigación judicial sobre Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con impacto directo en su situación patrimonial. El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una causa que busca determinar si hubo enriquecimiento ilícito. La medida permitirá acceder a información detallada sobre cuentas, consumos, transferencias, ahorros y adquisiciones inmobiliarias de la pareja desde su llegada a la función pública.
El expediente incorpora, además, un dato que tensiona el discurso oficial sobre la austeridad: el vuelo de regreso desde Nueva York, tras la “Argentina Week 2026”, tuvo un costo total de 10.000 dólares. De ese monto, 5.000 dólares correspondientes al pasaje de Adorni fueron abonados por la Jefatura de Gabinete, mientras que los otros 5.154 dólares del ticket de Angeletti, según la versión del funcionario, habrían sido pagados por ella.
La documentación que acredita esos gastos fue incorporada a la causa a partir de un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita. El objetivo es establecer si los ingresos declarados por la pareja son compatibles con su nivel de gastos. En ese punto radica uno de los ejes de la investigación: el salario de Adorni permaneció durante dos años en 3,5 millones de pesos mensuales, mientras que sus ahorros declarados ascienden a 48.700 dólares.
El viaje a Estados Unidos expone una secuencia que también quedó bajo análisis. La comitiva oficial regresó el 12 de marzo, pero Adorni y su esposa decidieron extender su estadía unos días más. Partieron finalmente el sábado 22:25 desde el aeropuerto JFK y arribaron a Buenos Aires el domingo a las 10:15, en un vuelo de Delta Airlines en clase ejecutiva. Los pasajes correspondían a los asientos 1C y 1G.
Para la Justicia, cualquiera de las dos hipótesis sobre el financiamiento del viaje abre interrogantes. Si el Estado cubrió gastos personales, el caso podría derivar en responsabilidades políticas y judiciales. Si, en cambio, el pasaje de Angeletti fue pagado por ella, deberá demostrar que contaba con recursos suficientes para afrontar ese tipo de consumo.
En ese contexto, el juez Lijo avanzó con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, también a pedido de Pollicita. La medida apunta a reconstruir la evolución patrimonial de la pareja mediante el acceso a movimientos financieros, créditos, préstamos, plazos fijos, consumos con tarjetas y posibles operaciones con billeteras virtuales. A su vez, el fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre ingresos y bienes, y dispuso la citación de nuevos testigos.
El frente judicial se complejizó tras la declaración de la escribana Adriana Nevechenko, quien intervino en operaciones inmobiliarias de Adorni. Consultada sobre antecedentes del funcionario en ese tipo de transacciones, respondió que en los 15 años previos no había realizado ninguna. Su testimonio se sumó a la información aportada en Comodoro Py, donde detalló que las jubiladas que vendieron un departamento en Caballito aceptaron financiar la operación a un año y sin intereses.
A partir de esa declaración, Pollicita citó a otros cinco testigos. El 20 de abril deberán presentarse la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, vinculados a la inmobiliaria interviniente. El 22 de abril lo harán el encargado del edificio de la calle Miró y Pablo Martín Feijoo, allegado a Adorni. Finalmente, el 27 de abril declarará Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió una propiedad en el country Indio Cuá.
Las operaciones inmobiliarias constituyen otro de los puntos bajo sospecha. En noviembre de 2024, Adorni obtuvo un préstamo de 100.000 dólares a pagar en 24 cuotas con un interés del 11%, otorgado por Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. Con esos fondos y un aporte propio de 30.000 dólares, adquirió una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, abonando además 25.000 dólares en concepto de ingreso e inscripción.
Ese mismo año, registró también una hipoteca sobre su vivienda en la avenida Asamblea, en Chacabuco. Meses más tarde, en noviembre de 2025, compró un departamento de 200 metros cuadrados en la calle Miró al 500, en Caballito, por 230.000 dólares. De ese total, pagó 30.000 dólares al contado, mientras que los 200.000 restantes fueron financiados a un año y sin interés por las vendedoras.
La investigación incorpora además gastos vinculados a viajes. Registros migratorios indican una salida hacia Perú el 29 de diciembre y un regreso desde Ecuador el 10 de enero, lo que coincide con versiones que ubican a la familia en el Caribe durante ese período. También se suman datos sobre una estadía en un resort all inclusive en Aruba, con costos que oscilan entre 800 y 1.000 dólares por noche.
En 2026, la secuencia continuó con el viaje a Nueva York y una escapada a Punta del Este durante los feriados de carnaval. En este último caso, el traslado en jet privado tuvo un costo de 7.830 dólares, que según las facturas fue abonado por Marcelo Grandio, empresario con contratos con la TV Pública. Adorni sostuvo que ese monto fue posteriormente reintegrado.
El expediente judicial busca determinar si el conjunto de gastos, adquisiciones y movimientos financieros guarda relación con los ingresos declarados por el funcionario. Con el levantamiento del secreto bancario y fiscal, la Justicia apunta ahora a reconstruir ese circuito en detalle y establecer si existió o no un incremento patrimonial injustificado.
