EL CLAN MENEM: «Recibió 600 millones de crédito VIP del Banco Nación»

14/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Nazarena Menem, de 26 años, con un único antecedente laboral en la Auditoría General de la Nación y menos de cuatro años de antigüedad, accedió a un crédito de 236,918 millones de pesos en agosto de 2025. Con categoría de auxiliar administrativa, su salario no superaría los 2,5 millones mensuales. Imagen: Archivo. 
El escándalo por los préstamos hipotecarios otorgados desde el Banco Nación suma un nuevo capítulo y vuelve a colocar al oficialismo bajo sospecha. A la lista de beneficiarios libertarios ahora se incorpora Nazarena Menem, quien accedió a un crédito de 236,918 millones de pesos en agosto de 2025. El dato no llega solo: se suma al préstamo de 357 millones otorgado a Sharif Menem. En apenas seis meses, ambos integrantes del clan acumularon casi 600 millones en financiamiento hipotecario.

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Nazarena Menem tiene 26 años, un único antecedente laboral en la Auditoría General de la Nación y menos de cuatro años de antigüedad. Con categoría de auxiliar administrativa, su salario no superaría los 2,5 millones mensuales. Aun así, accedió a un crédito a tasa preferencial, en condiciones similares a las de su familiar.

La polémica estalló cuando comenzaron a conocerse los nombres de funcionarios beneficiados. Desde el Banco Nación, su presidente Darío Wasserman salió a rechazar irregularidades y sostuvo que todos los créditos cumplieron con los requisitos habituales de evaluación. Sin embargo, las dudas ya están en la Justicia: si existió una ventanilla VIP para funcionarios, si se respetaron las relaciones entre ingresos y cuotas y si hubo facilidades discrecionales son los ejes de las denuncias en curso.

La diputada Mónica Frade amplió su presentación judicial incorporando nuevos casos, entre ellos el de Nazarena Menem, junto a funcionarios del equipo económico como Federico Furiase, Felipe Núñez y Pedro Inchauspe.

Las cifras alimentan el escándalo: de 27 mil créditos otorgados en dos años de gestión de Javier Milei, unos 11.200 fueron destinados a funcionarios libertarios. Se estima que cerca del 10% de los préstamos fueron otorgados directamente a integrantes del Gobierno y legisladores, con un promedio de 101 millones por operación.

El exdirector del Banco Nación Claudio Lozano advirtió que, incluso antes de analizar expediente por expediente, ya se vislumbran posibles violaciones a la Ley de Ética Pública por conflictos de interés. También señaló una desviación en el objetivo de los créditos hipotecarios, diseñados para facilitar el acceso a la vivienda y no para beneficiar a sectores con acceso privilegiado.

Mientras tanto, el diputado Esteban Paulón presentó pedidos de acceso a la información pública para conocer en detalle las condiciones de los préstamos y determinar si existió discrecionalidad. La respuesta oficial sigue sin llegar.

El foco también se posa sobre otros casos resonantes. Federico Furiase recibió 367 millones y habría destinado esos fondos a la compra de una tercera vivienda, cuando la línea crediticia está orientada a segundas casas. La operación se concretó en tiempo récord: entre la solicitud y la escrituración pasaron apenas semanas, frente a los seis meses habituales. Su doble rol como funcionario y exdirector del Banco Central en 2025 agrava las sospechas por posible uso de información privilegiada.

En el mismo esquema aparecen Pedro Inchauspe, con un crédito de 510 millones, y Felipe Núñez, con 373 millones. Este último negó irregularidades y aseguró haber actuado “como cualquier hijo de vecino”, pese a haber cuestionado previamente al Banco Nación en términos críticos.

La lista se amplía dentro del Ministerio de Economía: Felipe Beron recibió 362 millones; Juan Manuel Garzón, 180 millones; Javier Matías Mana, 242 millones; y Federico Ramos Nápoli, 197 millones. En conjunto, superan los 600 millones.

Otro de los casos cuestionados es el de Villaverde, quien obtuvo un crédito del Banco Nación tras haber sido rechazado previamente en una sucursal de Río Negro.

Con denuncias en tribunales, pedidos de informes sin respuesta y una lista de beneficiarios que no deja de crecer, el Gobierno sostiene que no tiene “nada que temer” ante la revisión de los casos. Mientras tanto, los números, los nombres y los vínculos siguen alimentando un escándalo que no deja de escalar.