15/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Supermercado. Imagen: Web.
La inflación encadena diez meses consecutivos de subas y el intento del gobierno de Javier Milei por “domarla” derivó en un escenario donde el aumento de precios convive con el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento creciente de los hogares y tensiones en la actividad económica.
El último dato del IPC volvió a mostrar una aceleración que, según distintos análisis, se explica por la ausencia de políticas de contención sobre precios clave, en particular alimentos y combustibles. En ese contexto, también incide el impacto internacional del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que presiona sobre el valor del petróleo.
El economista Claudio Lozano advirtió que el proceso inflacionario ya superó las previsiones oficiales. Señaló que la inflación anual proyectada en el Presupuesto 2026 fue alcanzada anticipadamente y que la dinámica de precios no encuentra freno. También destacó que la inflación núcleo se mantiene por encima del 3 por ciento y que el rubro alimentos, especialmente la carne, registra subas significativas, como el 6,9 por ciento en el Gran Buenos Aires.
El impacto se concentra en los consumos cotidianos. El incremento del precio del combustible, el alza en alimentos y bebidas, la estacionalidad en educación y la suba de servicios —impulsada por la quita de subsidios— configuran el núcleo del aumento general de precios.
De los 3,4 puntos de inflación registrados en marzo, un punto correspondió al rubro alimentos. Además, las divisiones de alimentos, transporte, vivienda y restaurantes concentraron 2,2 puntos del total. Según explicó el economista Martín Pollera, cuatro de las seis categorías con mayores incrementos impactan directamente en el gasto diario de las familias, con baja posibilidad de ajuste o sustitución. En ese contexto, describió una situación en la que los ingresos se consumen rápidamente y se reduce el margen disponible.
Los precios regulados también tuvieron un papel central. Registraron un aumento del 5,1 por ciento mensual, por encima del índice general. A la par, los bienes tampoco quedaron rezagados: alimentos y bebidas no alcohólicas lideraron la incidencia en la variación mensual, con subas en carne que oscilaron entre el 5,1 y el 7,9 por ciento según la región.
La economista Ana Rameri detalló que a ese cuadro se sumaron aumentos en combustibles —con variaciones de entre 6,4 y 8,3 por ciento— y factores estacionales vinculados a la indumentaria.
El análisis sobre la dinámica inflacionaria también apunta al diseño del programa económico conducido por el ministro Luis Caputo. El economista Hernán Herrera sostuvo que los aumentos responden en gran medida a efectos de shock, particularmente en servicios y combustibles, y señaló la aparición de una “inflación defensiva” por parte de empresas que, ante la caída de ventas, ajustan precios para sostener márgenes.
En paralelo, aparece otro eje de discusión: la metodología de medición del índice. Según el Centro de Economía Política Argentina, la actualización del IPC —que incrementa el peso de servicios y transporte— habría arrojado para marzo una inflación del 3,5 por ciento. La no aplicación de ese cambio impacta, además, en la medición del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
De acuerdo con ese mismo centro, los salarios registrados del sector público y privado cayeron un 7,9 por ciento entre noviembre de 2023 y enero de 2026. Al ajustar por una canasta de consumo actualizada, la pérdida asciende al 17,1 por ciento. En el caso de las jubilaciones mínimas, la caída real fue del 3,8 por ciento bajo la medición oficial, pero alcanzaría el 13,1 por ciento con una inflación recalculada.
El deterioro de los ingresos se combina con un aumento de la mora. Las familias incrementaron sus niveles de endeudamiento, con una tasa de incumplimiento que pasó del 10,6 por ciento en enero al 11,2 en febrero, mientras que en empresas se ubicó en el 2,9 por ciento. La consultora 1816 señaló que se trata del nivel más alto desde 2004 y que refleja una economía con dificultades para trasladar el crecimiento hacia amplios sectores.
En el plano fiscal, el ajuste del gasto público también muestra su magnitud. Durante el primer trimestre, en comparación con 2023, se registraron recortes del 61 por ciento en la Superintendencia de Servicios de Salud, caídas de entre 30 y 52 por ciento en hospitales nacionales, y reducciones en organismos como el Instituto Malbrán y la ANMAT. Algunos programas sanitarios registraron incluso recortes totales.
En el área social, los datos del CEPA indican una reducción del 9 por ciento en la ejecución de ANSES y del 77 por ciento en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Programas como Economía Social tuvieron ejecución nula, mientras que el Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 94 por ciento y el de Protección Social fue prácticamente eliminado. También se registraron recortes en políticas alimentarias, con caídas del 69 por ciento en comedores y merenderos y del 41 por ciento en la Prestación Alimentar.
En total, la caída real del presupuesto público alcanza el 30 por ciento en el período analizado. En ese contexto, la inflación continúa en ascenso y el esquema económico mantiene su curso, con un impacto extendido sobre ingresos, consumo y estructura productiva.
