17/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Sesión en el Congreso. Imagen: Web.
El movimiento fue silencioso pero contundente. Mientras la atención pública se desviaba hacia otros debates —como la modificación de la ley de Glaciares—, el proyecto de “falsas denuncias” impulsado por Carolina Losada consiguió dictamen en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Quedó a un paso del recinto y, con la actual correlación de fuerzas, con chances concretas de convertirse en ley. El avance no es técnico: es político. Y el mensaje es directo.
La iniciativa no crea una figura nueva. La falsa denuncia ya está tipificada en el artículo 275 del Código Penal. Lo que propone es endurecer las penas cuando se trate de acusaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o delitos contra niñas, niños y adolescentes. El mínimo se eleva a tres años y puede llegar a seis. Es decir, prisión efectiva como horizonte.
El giro no es menor. En delitos donde la prueba suele ser difícil —porque ocurren en ámbitos privados, sin testigos y bajo relaciones de poder desiguales—, el proyecto introduce un riesgo penal concreto para quien denuncia. La ecuación se invierte: no poder probar puede empezar a parecerse peligrosamente a mentir.
El resultado posible es un efecto disciplinador. Denunciar violencia de género o abuso sexual podría implicar exponerse a una pena mayor que la del delito denunciado. El contraste es brutal: mientras un abuso sexual tiene una pena de uno a cuatro años, la supuesta denuncia “falsa” puede escalar de tres a seis años. El sistema, así, parece más preocupado por castigar a quien acusa que por garantizar el acceso a la Justicia de mujeres, lesbianas, travestis, trans, gays, niños, niñas y adolescentes.
El proyecto avanza en un contexto que no es neutro. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la negación de la violencia por razones de género y de las condiciones que la sostienen se volvió una constante, tal como vienen señalando distintos organismos. Y los datos no acompañan esa negación.
Según el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, en la última década hubo 2827 femicidios en Argentina. En el 85 por ciento de los casos, el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima. Sin embargo, solo el 17 por ciento había realizado al menos una denuncia y apenas el 10 por ciento contaba con medidas de protección judicial. La regla no es la denuncia: es el silencio forzado.
En contraste, las denuncias falsas en este tipo de delitos son marginales. Estudios internacionales, como los de ONU Mujeres, las ubican en torno al 0,03 por ciento. Es decir, el fenómeno que el proyecto dice combatir es estadísticamente irrelevante frente a la magnitud de la violencia real.
El problema de fondo no aparece en la letra del proyecto. Organizaciones de mujeres y diversidades vienen señalando desde hace años fallas estructurales del sistema judicial: falta de perspectiva de género, aplicación deficiente de leyes como la 26.485 o la 26.061, prácticas revictimizantes, demoras en medidas de protección y el uso de argumentos pseudocientíficos como el llamado síndrome de alienación parental para desestimar denuncias de abuso infantil.
Nada de eso se corrige. En cambio, la iniciativa endurece la respuesta penal en un escenario donde las políticas públicas de prevención y asistencia fueron desmanteladas: la Educación Sexual Integral vaciada, el programa Acompañar desarticulado, líneas de asistencia debilitadas. La ausencia de políticas convive con el avance del castigo.
El discurso que acompaña el proyecto deja al descubierto su matriz. La abogada Fátima Silva, impulsora en la comisión, sostuvo que “la contracara de la ideología de género es la falsa denuncia, que destruye a las familias completas”. También afirmó que “no existirían las falsas denuncias si la justicia investigara cada denuncia profundamente”. Aun así, la solución que propone no es fortalecer la investigación, sino aumentar el castigo a quien denuncia.
Carolina Losada fue más explícita. Celebró el dictamen y apuntó a lo que considera el problema central: “hombres con miedo” a las mujeres por la posibilidad de ser denunciados, a quienes —según dijo— no contratan “sobre todo si están buenas”. El argumento no es nuevo, pero sí revelador: desplaza el foco desde la violencia hacia la sospecha sobre quienes la denuncian.
El dictamen avanzó con una mayoría transversal: oficialismo, aliados de Juntos por el Cambio y bloques provinciales, con fisuras dentro del propio peronismo. Una arquitectura política que replica otros avances recientes en materia de endurecimiento penal y recorte de derechos.
En paralelo, siete provincias se pronunciaron en contra, en una acción impulsada por la ministra de Mujeres y Géneros bonaerense, Estela Díaz. El rechazo introduce una tensión institucional frente a una iniciativa que, de aprobarse, podría modificar de manera sustantiva las condiciones de acceso a la Justicia.
Lo que está en juego no es solo una reforma penal. Es un mensaje. Como advierte la filósofa Elsa Dorlin, existen dispositivos que enseñan que defenderse puede ser peligroso, que hablar puede volverse en contra. Cuando el sistema penal amenaza con castigar más severamente a quien no logra probar una denuncia que a quien ejerce violencia, ese mensaje deja de ser implícito.
Ya no se trata de falsas denuncias. Se trata de instalar el miedo a denunciar. De correr el eje desde la violencia hacia quienes se animan a exponerla. De blindar un orden donde el silencio vuelve a ser la regla y la impunidad, la consecuencia.
