17/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El contraste se volvió escena. Una olla popular humeando en la vereda y, detrás, el departamento de Manuel Adorni en Caballito. La organización Barrios de Pie eligió ese punto exacto —Miró al 500— para exponer lo que define como el choque entre el ajuste social y el patrimonio del jefe de Gabinete, hoy investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La protesta no fue simbólica. Fue directa. Apuntó contra el cierre del programa “Volver al Trabajo”, que garantizaba un ingreso mensual a casi un millón de beneficiarios, y contra la situación judicial de Adorni, bajo investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si sus bienes se corresponden con sus ingresos.
La consigna que atravesó la jornada condensó el mensaje: “mientras los comedores cierran, Adorni viaja en primera”. La acusación es política y concreta. Desde Barrios de Pie denunciaron el impacto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei en los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que señalaron el estilo de vida del funcionario y sus viajes al exterior junto a su familia.
Norma Morales, referente de la organización, puso en palabras el reclamo: “Las cuidadoras comunitarias sostenemos la vida en nuestros barrios: cuidamos a las infancias, acompañamos a personas mayores y garantizamos un plato de comida en contextos cada vez más críticos. Sin embargo, hoy lo hacemos sin salario, sin derechos y sin reconocimiento”.
La protesta también buscó instalar una agenda. Morales enumeró los objetivos: visibilizar el trabajo de las cuidadoras comunitarias como esencial, exigir reconocimiento salarial y derechos laborales, denunciar el impacto de las políticas de ajuste en los barrios populares y reforzar el rol de la economía popular como sostén de la vida cotidiana.
El foco no es aislado. La manifestación frente al domicilio de Adorni se suma a otras acciones que empezaron a rodear al funcionario. Días atrás, estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires realizaron clases abiertas en la puerta de su casa para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La presión también llegó desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Más de 200 trabajadores realizaron una asamblea y protesta frente al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde Adorni posee otra vivienda adquirida durante su gestión y que no incluyó en su declaración jurada.
El trasfondo es una decisión que encendió el conflicto: la eliminación del Salario Social Complementario —ex Potenciar Trabajo—, ahora fragmentado bajo el nombre de “Volver al Trabajo”, que el Gobierno decidió cerrar definitivamente en abril.
La olla en Caballito no fue solo una protesta. Fue una postal de época: organizaciones sociales denunciando hambre y recortes frente a la casa de un funcionario investigado. De un lado, quienes sostienen comedores sin recursos. Del otro, un expediente judicial que empieza a crecer. En el medio, una pregunta que ya no se disimula: quién paga el ajuste y quién lo atraviesa sin sentirlo.
