20/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Un entramado de sociedades pantalla, fideicomisos opacos, testaferros locales y directorios entrelazados permitió que el Estado de los Emiratos Árabes Unidos se apropiara de manera ilegal de extensas superficies de tierra en la Patagonia argentina. La operatoria, que comenzó en 2017 y se desplegó con precisión quirúrgica en Río Negro, configuró un enclave extranjerizado de dimensiones colosales: más de 50 mil hectáreas repartidas entre la costa atlántica y la cordillera.
La maniobra no fue improvisada. Según documentación pública y privada relevada, el esquema combinó herramientas societarias para simular legalidad mientras se ocultaba a los verdaderos beneficiarios. El resultado fue la construcción de un territorio blindado, con infraestructura propia y acceso restringido, en una región donde la legislación limita de manera expresa la propiedad extranjera, especialmente en zonas sensibles como fronteras y cuerpos de agua.
En la costa rionegrina, el enclave incluye unas 30 mil hectáreas donde se levantó un complejo de mansiones con seguridad privada, caminos internos, helipuerto, hangar para aeronaves de gran porte y una pista de 2,5 kilómetros, más extensa que la del Aeroparque Metropolitano. En la cordillera, el control se extiende sobre más de 20 mil hectáreas de montaña virgen, con bosques nativos, lagunas, nacientes de agua, glaciares y áreas de veranada. En conjunto, la superficie equivale a dos veces y media la ciudad de Buenos Aires.
Durante años, el desembarco de capitales emiratíes fue un secreto a voces en la región. Pero el mecanismo quedó expuesto cuando el ex polista santafesino Hugo Barabucci confesó en una audiencia judicial haber adquirido 20 mil hectáreas en el cerro Carreras con dos millones de dólares entregados por el gobierno de los Emiratos, donde se desempeñaba en un club de polo estatal. La revelación, realizada en el marco de un juicio que perdió contra la weichafe mapuche Soledad Cayunao, abrió la puerta para reconstruir la ingeniería detrás del negocio.
Los documentos muestran que el proceso comenzó el 14 de marzo de 2017, cuando Barabucci compró 19.269 hectáreas en la cordillera por poco más de dos millones de dólares al empresario Marcelo Mindlin. Meses después, se constituyeron las sociedades que darían forma al entramado. El 18 de septiembre se creó Manzil SA, con Jorge Daniel Ortiz e Ignacio Petrocchi Massuh como accionistas y directores. Diez días más tarde nació Gengis Real State, integrada por Barabucci y la propia Manzil, con los mismos nombres repitiéndose en los cargos clave.
El paso decisivo llegó en enero de 2018, con la creación del fideicomiso Amaike. Allí se consolidó el esquema: Barabucci aportó las tierras, Manzil su nombre, y Gengis quedó como beneficiaria y fideicomisaria. La administración del fideicomiso quedó en manos de Petrocchi Massuh, cerrando un circuito donde los mismos actores controlaban cada instancia.
El proceso se completó con sucesivos aumentos de capital en Manzil que desplazaron a los socios originales y colocaron como accionistas a ciudadanos emiratíes. Entre ellos, Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri, un general retirado que preside el Consejo Nacional Federal de los Emiratos, y Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly, integrante del círculo íntimo del emir Mohamed bin Zayed Al Nahayan. De este modo, el control efectivo de las tierras pasó a manos extranjeras, bajo una estructura formalmente argentina.
Las conexiones no terminan ahí. A través de la empresa Emirates Stallions Group, presidida por Matar Suhail, y su subsidiaria Real Architect Proyect Management, se construyeron cinco complejos en Río Negro: Bahía Dorada, Villa Extancia, Hunting Lodge, Rockhouse y Las Marías, además de ampliaciones en estancias locales. El despliegue inmobiliario consolidó la ocupación territorial en zonas estratégicas.
El entramado incluye también antecedentes judiciales. Hugo Barabucci estuvo involucrado en una causa por contrabando que tramitó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 3, a cargo de Rafael Caputo, donde fue sobreseído por prescripción. Un dato que suma opacidad a una operatoria ya cargada de irregularidades.
Frente a este escenario, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, defendió la legalidad del esquema. Sostuvo que las tierras están a nombre de sociedades argentinas y que eso basta para cumplir la normativa vigente. Incluso comparó el caso con Lago Escondido, en manos del empresario Joe Lewis, para relativizar la extranjerización.
Sin embargo, la legislación vigente establece límites claros. La Ley de Tierras prohíbe la adquisición extranjera en áreas cercanas a cursos de agua, mientras que la Ley de Seguridad de Fronteras impide compras en franjas de hasta 150 kilómetros en zonas limítrofes y 50 kilómetros en la costa marítima. El uso de testaferros, fideicomisos y sociedades interpuestas aparece, en este contexto, como un mecanismo para eludir esas restricciones.
La propia cronología contradice al mandatario. Weretilneck afirmó que estas operaciones son previas a su gestión, pero el desembarco de capitales emiratíes mediante este esquema comenzó en 2016, cuando ya estaba al frente de la provincia.
El mapa de la Patagonia suma así otro capítulo de concentración y extranjerización de la tierra, donde capitales extranjeros avanzan sobre territorios estratégicos mediante estructuras legales diseñadas para ocultar su origen. Un proceso que no solo expone fallas en los controles, sino también la existencia de un andamiaje político y administrativo que permitió su consolidación.
En paralelo, la tensión en la región se refleja en episodios de violencia vinculados a disputas territoriales. El caso de Hugo Araneda, señalado por su participación en ataques a manifestantes en Lago Escondido, se acerca a una instancia judicial mientras persisten denuncias sobre protección política y judicial.
El cuadro general revela una trama que combina negocios, poder y territorio, donde la extranjerización avanza bajo la cobertura de estructuras legales que simulan transparencia. La Patagonia, una vez más, queda en el centro de una disputa que excede lo económico y pone en cuestión el control efectivo sobre los recursos estratégicos del país.
