20/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Fuentes periodísticas apuntan a que Manuel Adorni gastó en los dos años de la gestión Milei cerca de setecientos mil dólares, ganando un sueldo de tres millones de pesos mensuales. ¿Es esto posible? Imagen: Antonio Becerra.
Lo que comenzó como una serie de explicaciones en conferencias de prensa ahora se traslada de lleno a los tribunales. La causa por enriquecimiento ilícito que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una etapa decisiva con nuevas declaraciones, cruces de información y líneas de investigación que se expanden en varias direcciones. El expediente suma nombres, operaciones y movimientos que complejizan la situación del funcionario en el corazón del Gobierno.
El próximo miércoles será un día clave. Ante el fiscal Gerardo Pollicita deberá declarar Pablo Feijoo, empresario inmobiliario e hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que financiaron el 87 por ciento de la compra del departamento de la calle Miró, en Caballito, donde hoy vive Adorni junto a su esposa Betina Angeletti y sus hijos. Feijoo aparece como una pieza central en el engranaje de operaciones inmobiliarias que quedaron bajo sospecha.
Su rol, según consta en la causa, fue determinante en la adquisición del inmueble. Las propias vendedoras señalaron que intervino activamente en la compra del departamento al exfutbolista Hugo “Huguito” Flores en mayo de 2025 por 200 mil dólares, y en su posterior venta a Adorni seis meses después por 230 mil. En medio de ese proceso, el 22 de octubre de 2025, Feijoo fue recibido por el propio jefe de Gabinete en la Casa Rosada, un dato que agrega densidad política a la operatoria.
Pero no es el único punto bajo la lupa. El empresario también figura como responsable de la comercialización del departamento de la avenida Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco, propiedad de Adorni, actualmente en venta a través de un portal inmobiliario. La Justicia busca determinar si existe algún tipo de acuerdo entre ambos que exceda una relación comercial convencional.
Las expectativas de los investigadores están puestas en que Feijoo explique cómo se estructuró el financiamiento del departamento de Caballito. El esquema es uno de los aspectos más llamativos del caso: las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo vendieron el inmueble apenas 30 mil dólares por encima del valor de compra y, además, financiaron a Adorni con 100 mil dólares cada una, sin intereses y con vencimiento recién en noviembre de este año. La pregunta que atraviesa la causa es evidente: qué motivó ese acuerdo extraordinario.
El foco también está en las reformas realizadas en la propiedad, que habrían estado a cargo del propio Feijoo. Sobre este punto podrían aportar información la inmobiliaria Rucci, que intervino en la operación, y el encargado del edificio. Cada detalle suma a un rompecabezas que busca reconstruir no solo la operación, sino su lógica.
Mientras tanto, el fiscal Pollicita continúa recibiendo información clave. En los últimos días llegaron respuestas a oficios vinculados a registros, movimientos bancarios y datos fiscales. Ese material se encuentra en análisis y será determinante para definir nuevas medidas o avanzar hacia una etapa más profunda de la investigación.
El expediente no se limita al frente inmobiliario. En paralelo, la causa por los viajes del jefe de Gabinete también suma capítulos. A la investigación por el vuelo privado a Punta del Este se añadió la confirmación de un viaje a Aruba realizado por Adorni junto a su familia entre el 29 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026. Ahora, la Justicia busca determinar dónde se alojaron y qué gastos implicó esa estadía.
Además, se intenta incorporar al expediente una escapada previa al hotel Llao Llao de Bariloche en junio de 2024, que aún no figura formalmente en la causa. La reconstrucción de estos viajes apunta a establecer si existe correspondencia entre los gastos y los ingresos declarados por el funcionario.
El radar judicial también se amplió hacia el entorno familiar. La situación de Betina Angeletti, esposa de Adorni, quedó bajo análisis en una nueva causa impulsada por el fiscal Carlos Stornelli. La investigación se centra en determinar si la consultora MásBe, vinculada a Angeletti, tuvo contratos con el Estado o relaciones con empresas proveedoras del sector público.
El expediente se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien solicitó que se investiguen posibles incompatibilidades. En ese marco, Stornelli pidió información a la Inspección General de Justicia y a la Oficina de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete para relevar la composición societaria de las empresas involucradas y eventuales vínculos con el Estado.
Así, el caso que tiene como protagonista a Manuel Adorni dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un frente judicial múltiple. Propiedades, financiamiento, viajes y relaciones empresariales convergen en una investigación que avanza en paralelo y que empieza a delinear un cuadro cada vez más complejo.
En ese escenario, la figura del jefe de Gabinete aparece cada vez más expuesta. La acumulación de indicios, testimonios y documentos no solo tensiona su situación judicial, sino que agrega presión política a un Gobierno que enfrenta un frente interno cada vez más incómodo. La lógica que ordena el expediente es clara: seguir el rastro del dinero, reconstruir las operaciones y determinar si detrás de las explicaciones públicas hay algo más que simples irregularidades administrativas.
